Diputados impulsan ley para anular cambio del Banco Nación a S.A.
En un proyecto de ley, diputados y sindicalistas buscan derogar el Decreto 116/2025 que convirtió al Banco Nación en sociedad anónima. Defienden su rol estatal, su apoyo a PyMEs y la inclusión financiera, alertando sobre riesgos de privatización. La iniciativa reafirma el control del Congreso sobre la banca pública y genera debate nacional.
Un proyecto busca revertir el decreto que transformó al Banco Nación en sociedad anónima, defendiendo su rol como entidad estatal. Diputados y sindicalistas argumentan que protege la inclusión financiera y el crédito para PyMEs, y alertan sobre riesgos de privatización. La iniciativa genera debate sobre el futuro de la banca pública.
En un movimiento que reaviva la discusión sobre el rol de las instituciones públicas en Argentina, los diputados Carlos Cisneros y Sergio Palazzo, junto a líderes sindicales bancarios, han presentado una propuesta legislativa para derogar el Decreto 116/2025. Este decreto, emitido por el Poder Ejecutivo, convirtió al Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima bajo la supervisión del Ministerio de Economía, un paso que, según sus detractores, abre la puerta a intereses privados y amenaza la esencia de la entidad.
La iniciativa no solo pide la anulación del decreto, sino que también propone declarar nulos todos los actos derivados de este, excluir al BNA de normativas como el Decreto 70/2023 y la Ley 27.742, y garantizar que la institución permanezca como un banco estatal, inalcanzable para transformaciones que alteren su naturaleza pública. Los autores sostienen que el BNA debe seguir siendo un pilar de la economía nacional, orientando el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas y los hogares, además de fomentar la inclusión financiera en todo el país.
Un escudo contra la privatización
Cisneros y Palazzo argumentan que la conversión a sociedad anónima es un preludio a una privatización que el Congreso ya rechazó en el pasado. Recuerdan que la Ley 25.108, sancionada en los años 90, protegió al BNA de procesos similares, reafirmando su carácter estatal. “No hay justificación técnica ni beneficios claros que respalden esta medida”, aseguran, destacando la ausencia de estudios que sustenten la decisión del Ejecutivo. En cambio, subrayan las ganancias que genera el banco, desmintiendo cualquier narrativa de ineficiencia.
La propuesta también resalta el mandato constitucional del Congreso para regular los bancos nacionales, posicionando al BNA como un instrumento esencial para el desarrollo económico. “Es una entidad que no solo es rentable, sino que cumple una función social irremplazable al apoyar la producción y el trabajo en todas las provincias”, afirman los legisladores en el texto.
El debate promete intensificarse en los próximos días, mientras el proyecto busca apoyo en el recinto y enfrenta la postura del Ejecutivo, que aún no ha emitido una respuesta oficial. La discusión pone en juego el futuro de una institución histórica y su papel en la economía argentina.
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