La aplicación de la Ley 27.801 genera debate por la edad de imputabilidad y la falta de estructuras específicas en la provincia.
El nuevo Régimen Penal Juvenil estableció la responsabilidad penal desde los 14 años. En Río Negro, especialistas advierten que todavía faltan normas procesales específicas, lugares adecuados de alojamiento y operadores especializados para aplicarlo.
Infórmate en DiarioPampero.com – Abogados y referentes de derechos humanos coincidieron en la necesidad de reemplazar el régimen anterior, pero mantienen diferencias sobre la baja de la edad de imputabilidad.
El Régimen Penal Juvenil en Río Negro abrió interrogantes sobre su aplicación práctica después de la puesta en marcha de la Ley 27.801, que establece un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18.
Juan Pablo Chirinos, defensor público penal de Roca, consideró necesaria una reforma de la legislación anterior, sancionada durante la última dictadura, pero cuestionó la reducción de la edad de imputabilidad. También advirtió que el nuevo sistema requiere supervisores, programas de tratamiento y lugares de detención que actualmente no estarían disponibles en la provincia.
El abogado y exfiscal de Bariloche Martín Govetto sostuvo, en cambio, que la reforma era imprescindible y destacó que incorpora procedimientos específicos, exige especialización de funcionarios y otorga mayor participación a las víctimas. Sobre la imputabilidad desde los 14 años, señaló que se trata de una discusión abierta y que será necesario observar el funcionamiento de la norma.
Reclaman condiciones para su aplicación
Desde organismos de derechos humanos expresaron mayores reparos. Ana Calafat, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, sostuvo que la provincia necesita normas procesales y dispositivos adaptados al nuevo régimen y advirtió sobre los riesgos de una aplicación inmediata sin esas herramientas.
El exjuez Rubén Marigo, referente de la APDH Bariloche, calificó como regresiva la baja de la edad de imputabilidad y señaló que Río Negro debería contar con un Código Procesal Penal específico para adolescentes, centros adecuados y funcionarios especializados. También planteó dudas sobre las condiciones de alojamiento de los jóvenes sometidos a procesos penales.
La Ley 27.801 derogó el régimen anterior y contempla alternativas a la privación de la libertad, supervisión y límites específicos para las penas aplicables a adolescentes. La implementación en las provincias plantea ahora el desafío de adaptar procedimientos y estructuras locales a las disposiciones del nuevo sistema nacional.
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