El Gobierno disuelve la ANDIS tras el escándalo de los audios y transfiere sus funciones a Salud
La decisión del Ejecutivo de eliminar la Agencia Nacional de Discapacidad y traspasar su órbita al Ministerio de Salud se produce en medio de una fuerte tormenta política y judicial. Mientras la administración argumenta la necesidad de transparencia y reducción burocrática, la medida no logra ocultar el impacto de las denuncias por supuestos sobornos que involucran a exfuncionarios libertarios y el hallazgo de grandes sumas de divisas en allanamientos recientes.
Infórmate en DiarioPampero.com – El vocero Manuel Adorni confirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir como tal. Sus tareas serán absorbidas por la cartera de Salud bajo la promesa de mantener las prestaciones vigentes. Sin embargo, el anuncio surge en simultáneo con el avance de una causa penal por presuntas coimas en la compra de medicamentos, que salpica a figuras cercanas al entorno presidencial y expone graves irregularidades administrativas y financieras en el área.
La Casa Rosada ha confirmado este martes la disolución definitiva de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una determinación que modifica sustancialmente el organigrama estatal. A través de una conferencia de prensa brindada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se oficializó que el organismo perderá su autonomía actual y que la totalidad de sus competencias, responsabilidades y administración serán absorbidas por el Ministerio de Salud. La medida busca, según la versión oficial, desmantelar una estructura que el Gobierno considera ineficiente y plagada de irregularidades que dificultaban la correcta gestión de los recursos públicos.
El argumento central esgrimido por el Ejecutivo para justificar este cambio radical se basa en el diagnóstico de un descontrol administrativo severo. Adorni sostuvo que la agencia, creada en 2017 con el fin de coordinar las políticas públicas del sector, terminó acumulando capas burocráticas innecesarias que entorpecían su funcionamiento. La autonomía de la que gozaba la entidad, explicaron, facilitó manejos incompatibles con la transparencia que la actual gestión asegura perseguir. No obstante, las autoridades se apresuraron a aclarar que este movimiento administrativo no implicará el cese de las pensiones ni la pérdida de derechos adquiridos por los beneficiarios del sistema.
El trasfondo judicial y las filtraciones que aceleraron la medida oficial
Más allá de las explicaciones técnicas sobre la eficiencia del Estado, el cierre de la ANDIS ocurre en un contexto de alta tensión generado por la filtración de audios comprometedores y el avance de una investigación en los tribunales de Comodoro Py. El escándalo gira en torno a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y hombre de extrema confianza del presidente Javier Milei. Las grabaciones que salieron a la luz sugieren la existencia de un esquema de pagos indebidos relacionados con la adquisición de medicamentos, mencionando a figuras de alto perfil político como Eduardo “Lule” Menem y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La investigación judicial ha cobrado un ritmo vertiginoso en las últimas semanas, arrojando elementos probatorios que complican la situación de los involucrados. Un allanamiento realizado el pasado 9 de octubre en el domicilio de Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, resultó en el secuestro de casi 700.000 dólares y más de 19 millones de pesos, sumas cuyo origen no ha sido justificado. Calvete, quien se negó a declarar ante la Justicia, aparece en conversaciones con su padre, Miguel Ángel Calvete, quien es señalado como un presunto lobista intermediario entre las droguerías y la agencia estatal.
Los diálogos incorporados al expediente revelan una trama de presuntas promesas y retornos económicos. En uno de los intercambios más llamativos, la exfuncionaria le aseguraba a su padre la posibilidad de adquirir bienes de lujo, mencionando explícitamente un «Lambo» (Lamborghini) o una granja, si las operaciones llegaban a buen puerto. Este escenario de sospechas y la acumulación de pruebas sobre una posible asociación ilícita dedicada a direccionar contrataciones con prestadores médicos parecen haber sido determinantes para que el Gobierno decidiera cortar por lo sano, eliminando la entidad para intentar contener el daño político de un caso que golpea el discurso de pureza administrativa.
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