El Gobierno extiende la eximición de aportes patronales a colegios privados hasta fin de año
En un nuevo movimiento destinado a evitar un «incremento importante» en las cuotas escolares, el Gobierno de Argentina prorrogó hasta el 31 de diciembre la eximición de aportes patronales para colegios privados. La medida fue comunicada a través del decreto 134/2024 publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Esta eximición, que ha estado vigente desde 2001 y ha sido renovada en varias ocasiones por decreto, busca aliviar la carga financiera de los establecimientos educativos privados y, por ende, evitar un impacto significativo en las familias que abonan las cuotas escolares.
La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, promulgada en diciembre de 2019, estableció nuevas alícuotas para las contribuciones patronales, eximiendo a los empleadores de establecimientos educativos privados del pago de estas contribuciones hasta el final de 2020. La ley facultó al Poder Ejecutivo para prorrogar la eximición, lo cual se ha hecho de manera consecutiva en los años 2021, 2022 y 2023 a través de decretos anteriores.
El decreto reciente enfatiza la necesidad de evitar un «incremento desmesurado en las contribuciones patronales», especialmente fuera de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y destaca que esta subida podría afectar negativamente a las instituciones educativas y a las familias que dependen de ellas económicamente.
Según el Gobierno, el aumento de las contribuciones patronales tendría un impacto significativo en las partidas presupuestarias de las provincias, ya que el aporte estatal no solo cubre los sueldos de los docentes, sino también las contribuciones patronales asociadas a esos salarios.
El decreto también señala que, en los casos en los que los institutos educativos no reciben aportes estatales o los reciben parcialmente, el aumento de las contribuciones patronales resultaría en incrementos importantes en los aranceles que pagan las familias por los servicios educativos, afectando así su situación económica.
El Gobierno pretende reafirmar su compromiso con una «educación cada vez más inclusiva y generadora de oportunidades para todo el territorio argentino». La medida busca mantener la accesibilidad a la educación privada y mitigar los impactos económicos en un contexto crítico para las instituciones y las familias del país.
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