El Gobierno quita la pensión vitalicia a Amado Boudou tras confirmar su condena penal
La medida, anunciada horas después de la baja de los beneficios jubilatorios de Cristina Kirchner, responde al compromiso oficial de invalidar privilegios para funcionarios condenados por delitos contra la administración pública.
El ex vicepresidente Amado Boudou perdió oficialmente su pensión vitalicia luego de que el Gobierno avanzara con una medida que busca eliminar beneficios considerados incompatibles con condenas penales. La resolución fue confirmada por el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, que argumentó que el exfuncionario no puede percibir privilegios tras ser hallado culpable de delitos contra la administración pública.
La decisión se sustenta en la condena de 5 años y 10 meses de prisión confirmada por la Corte Suprema en diciembre de 2020, por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Boudou, quien cumple su pena bajo arresto domiciliario, percibía una pensión vitalicia de $6.309.622 por haber ejercido como vicepresidente entre 2011 y 2015.
Coherencia en la política oficial
En el texto difundido por la cartera de Pettovello, se destacó que la medida responde al «respeto por la coherencia de gestión» y a las consecuencias que deben enfrentar quienes cometan delitos que socavan la democracia. Este argumento fue clave para justificar la acción tanto en el caso de Boudou como en el de Cristina Kirchner, cuya jubilación de privilegio y pensión vitalicia, que sumaban más de 21 millones de pesos, fueron revocadas más temprano.
La resolución señala que el acceso a beneficios de privilegio es jurídicamente incompatible para quienes hayan cometido delitos en el ejercicio de las funciones públicas que habilitaron tales asignaciones. En el caso de Boudou, su condena y el daño ocasionado a la administración pública fueron determinantes para la anulación de su pensión.
El Gobierno resaltó que esta línea de acción es una muestra de su compromiso por reforzar la ética en la función pública y garantizar que los privilegios asociados a altos cargos no se mantengan frente a sentencias judiciales definitivas.
Con estas decisiones, el Ejecutivo marca un precedente que podría abrir el camino para revisar otros casos de beneficios otorgados a funcionarios condenados por corrupción, fortaleciendo la credibilidad en las instituciones democráticas. Sin embargo, la medida no está exenta de polémicas y genera un amplio debate sobre su alcance y posibles implicancias políticas.
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