El Gobierno reformula el Régimen Penal Juvenil, fija la imputabilidad desde los 14 años y acelera su tratamiento en Diputados
El Gobierno decidió retirar el proyecto original de reforma del Régimen Penal Juvenil y enviar uno nuevo al Congreso, tras admitir un desacople con la edad acordada con la oposición. La iniciativa corregida fija la imputabilidad desde los 14 años, redefine penas y contempla financiamiento específico. El oficialismo busca dictamen en comisiones este miércoles y llevar el debate al recinto el jueves, en un escenario de negociaciones políticas y ajustes presupuestarios.
Tras detectar diferencias con el consenso legislativo, el Ejecutivo reenvía la reforma penal juvenil con cambios centrales: eleva la edad de imputabilidad a 14 años, redefine penas máximas, garantiza derechos procesales y asegura partidas presupuestarias. El objetivo es obtener dictamen rápido y avanzar hacia la media sanción, en un contexto de acuerdos con bloques aliados y debate sobre seguridad y reinserción social.
A pocas horas de que se emitiera dictamen y con una sesión prevista en la Cámara de Diputados, el Gobierno resolvió no avanzar con el proyecto de baja de imputabilidad que había remitido al Congreso a comienzos de la semana. La decisión respondió a que el texto fijaba la edad en 13 años, una definición que no coincidía con el entendimiento alcanzado previamente con sectores de la oposición en ambas cámaras. En consecuencia, el Poder Ejecutivo enviará una nueva iniciativa que establece el límite de punibilidad en los 14 años y que será tratada nuevamente en comisiones.
Desde el bloque de La Libertad Avanza señalaron que se trató de una descoordinación administrativa y que el plan legislativo se mantiene sin cambios. El objetivo oficial es obtener dictamen este miércoles y avanzar hacia la sesión del jueves. Para ello, resulta indispensable completar la constitución de las comisiones que intervendrán en el debate, un paso que se concretará durante la jornada con la formalización de autoridades.
Comisiones, financiamiento y alcance de la reforma
La hoja de ruta legislativa incluye la conformación de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Justicia, que quedarán bajo presidencia de diputados oficialistas, además de la intervención de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. La reunión conjunta está prevista para el miércoles, mientras que la sesión en el recinto se proyecta para el jueves al mediodía.
Más allá de la corrección en la edad de imputabilidad, el proyecto introduce definiciones presupuestarias precisas. El artículo 51 asigna más de 23.700 millones de pesos para la implementación del nuevo régimen, con partidas destinadas al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación. También se habilitan convenios entre Nación y provincias para financiar infraestructura específica, como institutos destinados al alojamiento de menores condenados.
El texto replica el enfoque general del proyecto presentado el año anterior, con penas diferenciadas respecto del régimen penal adulto y la exclusión de la reclusión perpetua. La pena máxima prevista es de 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, por debajo del tope de 20 años que figuraba en el dictamen previo.
El enfoque oficial apunta a responder a las demandas sociales vinculadas a la inseguridad y a evitar el uso de menores en actividades delictivas, considerando que hoy los menores de 16 años son inimputables. La iniciativa prioriza la resocialización y prevé que, en el caso de adolescentes de hasta 15 años imputados por delitos graves, los jueces puedan disponer privaciones de libertad con énfasis en la reinserción.
Para delitos de menor gravedad, se contemplan sanciones no privativas de libertad, como tareas comunitarias y reparación del daño, reservando la institucionalización como último recurso. El proyecto también impulsa la creación de establecimientos especializados con acceso garantizado a educación, salud y tratamientos por adicciones, con personal capacitado y sin convivencia con detenidos adultos.
Finalmente, el texto refuerza derechos procesales para los imputados menores de edad, incluyendo patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en instancias de mediación y el derecho a ser informados y escuchados durante todo el proceso judicial, aspectos que ahora cuentan con respaldo presupuestario específico.
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