El INAI agrava la vulneración de derechos de los pueblos originarios en medio de crisis territoriales
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas eliminó un programa clave de asesoramiento jurídico para comunidades originarias, exacerbando su desprotección en un contexto de incendios y conflictos territoriales. Mirtha Ñancunao, vocera mapuche, denunció que los desalojos y la falta de apoyo estatal profundizan la crisis. Con la derogación de la ley 26.160, que suspendía desalojos, y la eliminación de subsidios para defensa legal, las comunidades indígenas quedan expuestas a intereses de grandes terratenientes y corporaciones extranjeras. La Patagonia arde, y con ella, los derechos de quienes la habitan desde tiempos ancestrales.
En un contexto crítico por incendios y conflictos territoriales, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas eliminó un programa clave de asesoramiento jurídico para comunidades indígenas, profundizando su desprotección. Voceros mapuches denuncian desalojos y abandono estatal.
El Programa de Fortalecimiento Comunitario, que brindaba subsidios para defensa legal y asesoramiento en conflictos de tierras, fue discontinuado por el INAI bajo el argumento de «ineficiencia». Esta decisión se suma a la derogación de la ley 26.160, que suspendía desalojos, y ocurre en un momento en que la Patagonia enfrenta incendios devastadores y disputas territoriales.
«Nos quitan todo: tierra, derechos y esperanza»
Mirtha Ñancunao, vocera de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, expresó su preocupación por la situación: «Los ataques no paran, no les importa si estamos padeciendo los incendios. Ya tenemos un muerto». Las comunidades afectadas, tanto mapuches como no mapuches, luchan por salvar sus hogares y medios de vida mientras enfrentan la amenaza de desalojos.
El INAI, liderado por Claudio Avruj, exsecretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Mauricio Macri, ha sido criticado por su falta de acción en la defensa de los derechos indígenas. Ñancunao destacó que el programa eliminado era vital para acceder a asesoramiento legal especializado y enfrentar las demandas de desalojo.
Además, denunció que los gobiernos actúan en favor de grandes terratenientes, incluyendo corporaciones extranjeras como Benetton y capitales de Qatar y Emiratos Árabes, que acaparan tierras y recursos hídricos. La única herramienta legal que les queda en Río Negro es la ley provincial 2.287, sancionada en 1988, pero su aplicación es limitada.
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