El proyecto también modifica fondos, créditos y garantías financieras


El Gobierno envió al Congreso un proyecto de 240 artículos que propone gravar con Ganancias la venta de CEDEARs adquiridos desde el 31 de octubre de 2026 y modifica el régimen de fondos, plazos fijos, tarjetas y garantías.
Infórmate en DiarioPampero.com – La iniciativa busca ampliar las herramientas de financiamiento y reducir los riesgos para quienes otorgan crédito, aunque su aplicación dependerá del debate legislativo y de la reglamentación.
El Gobierno impulsa una reforma del mercado de capitales que incluye aplicar el impuesto a las Ganancias sobre CEDEARs, los certificados que permiten invertir desde la Argentina en acciones de empresas extranjeras. La propuesta forma parte del proyecto de Ley de Competitividad Financiera enviado al Congreso.
De acuerdo con el texto difundido, el cambio alcanzaría a los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, inclusive. Las tenencias compradas antes de esa fecha no quedarían comprendidas por la modificación planteada.
El gravamen se aplicaría sobre el resultado de la compraventa y no sobre la totalidad del dinero invertido. La propuesta todavía requiere aprobación del Congreso y una reglamentación que determine cómo se calcularán el costo y la ganancia de cada operación.

Alcance de la iniciativa
El proyecto también elimina la exención para determinados fondos comunes abiertos cuyo reglamento permita invertir en activos del exterior por encima del límite legal general. En esos casos, el cambio alcanzaría a las cuotapartes adquiridas o suscriptas desde el 31 de octubre.
Entre las medidas dirigidas a los ahorristas, la iniciativa habilita la negociación en la Bolsa de certificados de plazo fijo constituidos a 365 días o por el plazo mayor que establezca el Banco Central. El titular que necesite recuperar el dinero antes del vencimiento podría vender el certificado a otro inversor, al precio que consiga en el mercado.
Para los comercios, el proyecto establece que los emisores de tarjetas creen un título electrónico por cada operación autorizada. Ese instrumento representaría el cobro pendiente y podría negociarse en mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores o en plataformas bajo regulación del Banco Central.

La reforma amplía además los activos que pueden utilizarse como respaldo de un préstamo. La lista incluye software, activos digitales, derechos de propiedad intelectual, participaciones societarias, cuentas por cobrar y flujos futuros de fondos.
El texto crea el Sistema Federal de Registro de Garantías, con entidades públicas y privadas conectadas a una base común y el Banco Central como autoridad de aplicación. La prioridad entre acreedores se determinaría según el momento de inscripción, mientras que la implementación sería gradual.
En el sector agropecuario, la propuesta habilita pagarés que prometan la entrega de bienes físicos, como granos, con cantidad, calidad, lugar y fecha definidos. También permite cláusulas de actualización basadas en índices o unidades verificables y amplía el uso de warrants a bienes en proceso de producción.
El proyecto contempla otras modificaciones, como permitir que fondos abiertos y cerrados inviertan en activos virtuales, sujeto a la reglamentación de la CNV, y elevar del 10% al 25% del capital el máximo de acciones propias que puede mantener una empresa.
La iniciativa fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Alejandra Monteoliva. Si el Congreso la aprueba, el Banco Central tendrá 180 días desde la promulgación para reglamentar técnicamente el registro de garantías y hasta 360 días para alcanzar su plena operatividad.
