Gobierno evalúa declarar la educación como servicio esencial: Gremios y Justicia expresan rechazo

En una conferencia de prensa realizada hoy, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno nacional está evaluando la posibilidad de declarar la educación como servicio esencial. Esta iniciativa, de concretarse, sería la tercera vez que el Ejecutivo intenta impulsarla en los últimos dos meses de gestión.

La Tercera Propuesta del Gobierno: Declarar la Educación como Servicio Esencial

La medida estaba originalmente contemplada en el DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei poco después de asumir, pero fue suspendida judicialmente. También formaba parte de la Ley Ómnibus, que no logró avanzar en el Congreso. Cabe destacar que, la iniciativa no cuenta con el respaldo de la Secretaría de Educación ni del Ministerio de Capital Humano. Estas áreas del Gobierno desconocían la propuesta y no pudieron confirmar quién es el funcionario que la promueve.

Los sindicatos docentes han expresado su desacuerdo con la posible declaración, asociándola al conflicto generado por la suspensión de los aportes nacionales al salario docente y la falta de definición sobre un nuevo salario mínimo en medio de la creciente inflación. Manuel Adorni, al referirse a la medida, dijo: “Se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar la educación como servicio esencial”, sin brindar mayores detalles al respecto. El mega DNU suspendido establecía que se consideraría como “servicio esencial” a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, así como los servicios de cuidado de menores y la educación especial.

La propuesta ha sido discutida en el pasado como una forma de garantizar el derecho a la educación frente a prolongados conflictos docentes, pero genera resistencia por parte de los sindicatos, ya que implica una limitación al derecho a la huelga.

Reacciones y Antecedentes: Sindicatos en Desacuerdo y la Sentencia Judicial que Marca Pauta

En caso de declararse la educación como servicio esencial, se establecería una restricción sobre los paros docentes, comprometiendo la negociación y estableciendo que en ningún caso se podrá negociar o imponer una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio afectado por la medida de fuerza.

Es relevante mencionar que la Justicia ya se pronunció sobre la constitucionalidad de este tipo de medidas, declarando “inconstitucional” el capítulo laboral del mencionado DNU 70/2023. A fines de enero, la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo determinó que este tipo de reformas laborales deben debatirse en el Congreso, desestimando la vía del DNU. Organizaciones sindicales como CTERA también impugnaron el artículo 97 del DNU y obtuvieron en la Justicia una cautelar para suspenderlo, junto con otros tres artículos.

La propuesta del gobierno se discutirá en el marco de la próxima reunión entre los cinco gremios docentes nacionales y los secretarios de Educación y Trabajo, prevista en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, con el objetivo de abordar la definición del salario mínimo docente a nivel nacional. La incertidumbre sobre este tema ha llevado a que varias paritarias docentes provinciales estén trabadas, a la espera de una decisión a nivel nacional.

El jueves 22, se llevará a cabo un congreso nacional de los sindicatos que componen la confederación en cada provincia, donde podrían anunciarse definiciones relevantes en relación al inicio del ciclo lectivo.