Investigan empresa ligada a Santiago Caputo por presunto lavado de dinero
Infórmate en DiarioPampero.com – La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció movimientos sospechosos de US$800.000 en Zefico SA, empresa donde Santiago Caputo, asesor presidencial, es el único empleado. El caso, que incluye transferencias de dudoso origen, derivó en una denuncia penal por filtración de datos confidenciales. La UIF busca esclarecer el caso mientras crecen las dudas sobre la transparencia en el entorno del gobierno.
Movimientos millonarios bajo escrutinio despiertan cuestionamientos sobre la gestión de Caputo y la protección de información sensible.
Un nuevo escándalo sacude al entorno del presidente Javier Milei. La Unidad de Información Financiera (UIF) ha puesto la lupa sobre Zefico SA, una sociedad anónima sin historial comercial significativo, que tiene como único empleado registrado a Santiago Caputo, uno de los asesores más cercanos del mandatario. La investigación se centra en movimientos financieros por US$800.000 realizados entre abril y junio de 2025, que un banco reportó como sospechosos, desencadenando un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) el pasado 30 de julio. Este caso no solo plantea interrogantes sobre posibles irregularidades financieras, sino que también derivó en una denuncia penal por la filtración de información confidencial, lo que agrega una capa de complejidad al asunto.
La investigación comenzó cuando una entidad bancaria detectó dos transferencias de US$400.000 cada una, realizadas por Lucas y María Costa, hijos de Pablo Costa, fundador de Zefico SA. Según explicaron, los fondos provenían de una donación de su padre, quien, a su vez, afirmó haber recibido US$500.000 de su madre, también llamada María. Sin embargo, las autoridades encontraron inconsistencias: una declaración jurada de 2021 de la madre de Pablo Costa indicaba que su patrimonio era nulo, sin propiedades ni ingresos registrados. En contraste, una declaración de 2023 presentada a mediados de 2024 reportaba esos fondos como parte de su patrimonio en efectivo, sin explicar su origen. Esta discrepancia encendió las alarmas y motivó un análisis más profundo.
Transferencias y destino de los fondos
Los US$800.000 ingresados a Zefico SA fueron transferidos posteriormente a dos empresas: Netafim Argentina SA, dedicada al riego agrícola, y Tonka SA, vinculada a la industria del gas. Estas operaciones se realizaron bajo la figura de un “mutuo”, un préstamo entre socios y la empresa, lo que levantó aún más sospechas sobre la legitimidad de los movimientos. La falta de antecedentes comerciales de Zefico SA, constituida en 2021 por el escribano José Domingo Mangone, refuerza las dudas sobre su propósito. Fuentes cercanas a la familia Costa sostienen que la empresa fue creada para administrar propiedades rurales, pero la ausencia de actividad previa y la repentina inyección de capital han generado escepticismo.
Santiago Caputo, el único empleado de Zefico SA, tributa en la tercera categoría del impuesto a las Ganancias, lo que le permite facturar servicios al Estado sin la obligación de presentar una declaración jurada de patrimonio. Esta situación ha alimentado críticas sobre posibles conflictos de interés, dado su rol como asesor presidencial y su influencia en áreas clave del gobierno, como la Agencia de Recaudación de Ingresos Federales (ARCA) y la Secretaría de Inteligencia. La Oficina Anticorrupción ha recibido pedidos para que Caputo sea considerado funcionario de alto rango, lo que lo obligaría a transparentar su patrimonio, pero hasta el momento no se han registrado avances en este sentido.
La filtración de los detalles del ROS a los medios, publicada inicialmente por un diario de alcance nacional, derivó en una denuncia penal presentada por Paul Starc, titular de la UIF, ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Carlos Stornelli. La UIF sostiene que la divulgación de información confidencial, protegida por la Ley 25.246, compromete la integridad del sistema de prevención de lavado de activos y afecta la credibilidad de Argentina en el ámbito internacional. Una investigación interna descartó que el personal de la UIF haya accedido al reporte sin autorización, lo que sugiere que la filtración pudo provenir de otra fuente, posiblemente el banco que originó el ROS.
El caso Zefico SA no solo pone en cuestión la transparencia de las operaciones financieras de una empresa vinculada a un actor clave del gobierno, sino que también expone tensiones dentro de los organismos encargados de combatir el lavado de dinero. Mientras la UIF insiste en investigar la filtración, las sospechas sobre los movimientos de fondos y el rol de Caputo en la empresa persisten, alimentando un debate sobre la necesidad de mayores controles en el entorno del poder ejecutivo.
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