Juez federal dicta procesamiento por estafa millonaria contra exdirectivos de Vicentín

El juez federal de Reconquista, Dr. Aldo Mario Alurralde, dictó un duro procesamiento contra 14 exdirectivos y la empresa Vicentín SAIC por considerarlos presuntos autores de una millonaria estafa al Estado mediante el «aprovechamiento indebido de beneficios fiscales».

Según la acusación, la compañía cerealera habría presentado facturas apócrifas para solicitar de manera fraudulenta reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por exportaciones entre 2016 y 2019, apropiándose indebidamente de más de 143 millones de pesos.

El procesamiento alcanza a destacados nombres como los hermanos Sergio, Pedro, Roberto y Rubén Vicentín, así como a otros exdirectores de la empresa como Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze y Máximo Padoan, entre otros.

En un contundente fallo, el magistrado ordenó trabar embargos sobre los bienes de los imputados y dispuso una inhibición hasta cubrir 100 millones de pesos para aquellos que ya no poseen activos a su nombre.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 2020, donde se señalaba que Vicentín había utilizado facturas truchas de 54 supuestos proveedores para acceder de manera engañosa a los reintegros fiscales por exportaciones.

El juez Alurralde consideró probado que la empresa hizo figurar proveedores inexistentes, transportes de granos con evidentes signos de desuso, empleados insuficientes para el volumen de operaciones declarado e incluso domicilios fiscales en ubicaciones absurdas como una escuela o en medio del Océano Pacífico.

«No se trata de casos aislados sino sistemáticos», advirtió el magistrado, quien entendió que la maniobra defraudatoria formaba parte de «una política empresarial» planificada y ejecutada de manera organizada por los máximos responsables de Vicentín.

El procesamiento representa un duro revés judicial para la empresa cerealera, que ya enfrenta otros procesos penales por estafas millonarias y asociación ilícita tanto en la justicia federal como en la provincial de Santa Fe.

La defensa de los imputados había intentado justificar las operaciones cuestionadas, pero el juez desestimó esos argumentos al considerar que no existían pruebas de transacciones genuinas con los supuestos proveedores.

El caso avanza ahora hacia una nueva etapa, donde se esperan las apelaciones de los procesados y la profundización de las investigaciones para determinar el eventual juicio oral y público por la millonaria estafa al fisco.