Juicio por la muerte de Maradona: avanza el proceso contra la jueza Julieta Makintach por irregularidades
La Justicia bonaerense decidió que la jueza Julieta Makintach enfrente un juicio político por autorizar la grabación de un documental durante el proceso por la muerte de Diego Maradona. Suspendida y con el 40% de su sueldo, la magistrada no logró frenar el expediente. Su defensa insiste en que las filmaciones fueron aprobadas por el tribunal y no implican mal desempeño. El caso genera debate sobre la ética judicial y la transparencia en los procesos.
La magistrada, suspendida por permitir la filmación de un documental durante el juicio, enfrenta un jury que podría destituirla. Su defensa argumenta que no hubo irregularidades y que las grabaciones fueron consensuadas.
La Justicia de la provincia de Buenos Aires tomó una decisión relevante al aceptar la admisibilidad de la acusación contra la jueza Julieta Makintach, quien podría ser destituida tras un jury de enjuiciamiento. La magistrada, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro, está suspendida de sus funciones desde que se descubrió que permitió la grabación del documental “Justicia Divina” durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, ocurrida en noviembre de 2020. El caso, que involucra a ocho profesionales de la salud acusados por el fallecimiento del ídolo, ha generado controversia no solo por su impacto social, sino también por las irregularidades atribuidas a la jueza.
Makintach, quien percibe solo el 40% de su salario mientras permanece apartada, intentó sin éxito detener el proceso presentando tres recursos, todos rechazados por la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento. Entre los denunciantes que ratificaron sus acusaciones se encuentran el procurador bonaerense Julio Conte Grand, el Colegio de Abogados de San Isidro, legisladores de la Comisión Bicameral y Julio Coria, ex custodio de Maradona, actualmente detenido por falso testimonio. La gravedad de las acusaciones y el contexto del juicio, que conmocionó al país, han puesto a Makintach en el centro de un escrutinio público y judicial.
La defensa de Makintach: no hubo irregularidades en las grabaciones
La defensa de la jueza, liderada por el abogado Darío Saldaño, sostiene que no existió ninguna irregularidad en las grabaciones realizadas durante la primera audiencia del juicio. En un escrito de 28 páginas presentado ante el jury, argumentaron que las filmaciones no fueron clandestinas, sino que contaron con el conocimiento y la aprobación de los otros dos jueces del TOC 3, Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino. Según el documento, las decisiones se tomaron de manera conjunta, tanto en conversaciones presenciales como a través de un chat de WhatsApp, y la presencia de una cámara de gran tamaño en la sala fue notoria y autorizada por el tribunal.
El equipo legal de Makintach también aclaró que la idea del documental “Justicia Divina” no partió de la jueza, sino de una amiga de la infancia, María Lía Vidal Alemán, quien le realizó una entrevista en su despacho dos días antes del inicio del juicio, el 9 de marzo. Esta entrevista, captada por las cámaras de seguridad del edificio judicial, no abordó detalles del proceso, según la defensa. Además, aseguran que no hay pruebas de mal desempeño, abuso de autoridad o violación de deberes funcionales que justifiquen la destitución de la magistrada.
La defensa también cuestionó la proporcionalidad de la sanción solicitada, argumentando que llevar a una jueza a un jury por “percepciones mediáticas” pone en riesgo la independencia judicial. Aunque Makintach presentó su renuncia al gobernador Axel Kicillof, esta no ha sido aceptada ni rechazada, lo que la mantiene en una situación de incertidumbre mientras el proceso sigue su curso.
El caso de Makintach no solo pone en tela de juicio su conducta, sino que también alimenta el debate sobre los límites de la transparencia y la ética en los procesos judiciales de alto perfil. A medida que el jury avanza, la resolución de este caso podría sentar un precedente en la justicia bonaerense, especialmente en cómo se manejan las intervenciones externas en los tribunales.
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