Justicia decomisa 56 propiedades y millones a Lázaro Báez por lavado de dinero
Infórmate en DiarioPampero.com – La Justicia argentina ordenó el decomiso de 56 propiedades, millones de dólares en cuentas en el exterior y otros activos ligados a Lázaro Báez, empresario condenado por lavado de dinero. La medida, dictada por el Tribunal Oral Federal 4, incluye bienes valuados en US$65 millones, como estancias, campos y departamentos. Báez, preso desde 2016, enfrenta un nuevo revés en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, tras años de investigación.
El fallo judicial busca recuperar bienes obtenidos ilícitamente y marca un paso firme contra la corrupción, aunque Báez apelará la decisión.
La Justicia argentina dio un paso significativo en la lucha contra el lavado de activos al ordenar el decomiso definitivo de un vasto patrimonio vinculado al empresario Lázaro Báez, condenado por maniobras de blanqueo de capitales en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. El Tribunal Oral Federal 4 dispuso la confiscación de 56 propiedades, entre las que se cuentan estancias, campos, departamentos y cocheras, además de sumas millonarias en cuentas bancarias en el extranjero, valuadas en aproximadamente 65 millones de dólares. Este fallo, que también incluye vehículos y otros bienes, busca reintegrar al Estado activos obtenidos de manera ilícita.
La investigación, que comenzó hace más de una década, reveló un entramado de operaciones financieras destinadas a ocultar el origen de fondos provenientes de actividades irregulares. Báez, detenido desde 2016 y condenado a 12 años de prisión en 2021, fue señalado como el responsable de canalizar millones de dólares a través de sociedades fantasma y cuentas offshore. Entre los bienes decomisados destacan una estancia en Mendoza, campos en Chubut y Santa Cruz, y lujosos departamentos en Buenos Aires, además de cocheras y vehículos de alta gama. También se confiscaron 4,2 millones de dólares y 1,4 millones de euros depositados en cuentas en Suiza, Luxemburgo y otros países.
Un golpe al patrimonio ilícito
El fallo del tribunal, integrado por los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Íñiguez y Adriana Palliotti, representa uno de los mayores decomisos de bienes en la historia judicial argentina. La medida no solo apunta a desmantelar el patrimonio acumulado por Báez, sino también a enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de las prácticas de lavado de dinero. Según los magistrados, los activos confiscados son “producto directo” de actividades ilícitas, y su devolución al Estado busca reparar el daño causado a la sociedad.
La Ruta del Dinero K expuso cómo, a través de una red de empresas y fideicomisos, se movilizaron sumas millonarias hacia el exterior, en operaciones que involucraban transferencias bancarias y la creación de sociedades pantalla en paraísos fiscales. Los fiscales Abel Córdoba y Guillermo Marijuán, quienes impulsaron la investigación, lograron rastrear los fondos hasta cuentas en Suiza y otros destinos, demostrando la magnitud del esquema. Entre los hallazgos más relevantes está el rol de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, que funcionaba como un nodo central para las transacciones.
Báez, un empresario patagónico que pasó de ser empleado bancario a manejar un imperio económico, ha negado sistemáticamente las acusaciones. Su defensa sostiene que los bienes fueron adquiridos de manera legítima y que las imputaciones carecen de pruebas sólidas. Sin embargo, el tribunal desestimó estos argumentos, respaldándose en un exhaustivo análisis de movimientos financieros y registros patrimoniales. La defensa ya anunció que apelará el fallo ante la Cámara de Casación Penal, lo que podría extender el proceso judicial por meses o incluso años.
El decomiso no solo afecta a Báez, sino también a terceros que figuran como propietarios formales de los bienes, pero que, según la Justicia, actuaron como testaferros. Este aspecto ha generado controversia, ya que algunos de los involucrados aseguran no haber participado en las maniobras. No obstante, los jueces consideraron que la trazabilidad de los fondos demuestra su vinculación con las actividades ilícitas de Báez.
Este fallo llega en un contexto de creciente presión social y política para combatir la corrupción en Argentina. La confiscación de bienes busca no solo castigar a los responsables, sino también recuperar recursos para el erario público. Sin embargo, el proceso de ejecución del decomiso enfrenta desafíos logísticos, como la valuación precisa de las propiedades y la repatriación de los fondos en el exterior. Mientras tanto, la sociedad observa con atención si este caso marcará un precedente para otras investigaciones de alto perfil.
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