Justicia Federal ordena a la ANDIS restituir todas las pensiones por discapacidad suspendidas irregularmente en el país
El Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca dictaminó la ilegalidad de las bajas masivas de beneficios realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad sin el debido proceso. El fallo, de alcance nacional, exige restablecer los pagos de inmediato, mientras avanzan en paralelo graves causas por corrupción que involucran a exfuncionarios del organismo y empresarios detenidos.
Infórmate en DiarioPampero.com – El Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca ha fallado a favor de un amparo colectivo, ordenando a la Agencia Nacional de Discapacidad la inmediata restitución de las pensiones no contributivas dadas de baja sin proceso administrativo previo. El magistrado Guillermo Díaz Martínez consideró que la suspensión unilateral vulnera derechos constitucionales básicos como la propiedad y la salud, extendiendo el alcance de la medida judicial a todo el territorio de la República Argentina.
En una resolución de alto impacto institucional, el Juzgado Federal N.º 2 de la provincia de Catamarca ha puesto un freno judicial a la política de recortes implementada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Tras una serie de dilaciones administrativas, el tribunal hizo lugar a una acción de amparo colectivo impulsada por diversas asociaciones de personas con discapacidad, beneficiarios afectados y el Defensor del Pueblo de la provincia. La sentencia ordena al organismo nacional restablecer la totalidad de las pensiones no contributivas que fueron suspendidas o dadas de baja sin un acto administrativo previo que avalara dicha decisión, otorgando a la medida un alcance federal que cubre a damnificados en todo el país.
La demanda judicial cuestionó la legalidad de las auditorías médicas iniciadas a partir del edicto 19.437/25. Los demandantes denunciaron que, desde el mes de julio, un gran número de titulares se enteraron de la pérdida de su sustento económico únicamente al verificar la falta de depósito en sus cuentas bancarias o, en algunos casos, tras recibir notificaciones defectuosas redactadas con un tecnicismo que impedía comprender los motivos reales de la sanción. El juez Guillermo Díaz Martínez fundamentó su decisión destacando que estas pensiones integran el derecho de propiedad de los beneficiarios y que cualquier suspensión requiere un procedimiento regular que garantice la defensa en juicio, calificando el accionar de la ANDIS como un comportamiento material ilícito que lesiona garantías fundamentales de salud y subsistencia.
Investigaciones penales paralelas y maniobras dilatorias en otros tribunales marcan el pulso de una disputa legal que escala mientras se acumulan pruebas de corrupción en el organismo y se frenan amparos urgentes
Mientras la justicia administrativa intenta reparar el daño a los beneficiarios, el organismo enfrenta un frente judicial mucho más oscuro en el fuero penal. Organizaciones del sector advierten sobre la velocidad dispar de las causas. Por un lado, avanza una investigación por corrupción estructural dentro de la ANDIS, liderada por el fiscal Franco Piccardi. Esta causa ya cuenta con dos empresarios detenidos, uno de los cuales se negó a declarar, mientras que al otro se le incautaron 700.000 dólares en efectivo en el domicilio de su hija. El expediente involucra a quince imputados, incluyendo al exdirector Diego Spagnuolo, y se sustenta en evidencia comprometedora como audios donde se discuten retornos ilegales, apuntando a un desvío de fondos estimado en 48.000 millones de pesos.
En contraste con la celeridad de la causa penal, las familias de personas con discapacidad denuncian trabas sistemáticas en otros expedientes que buscan proteger sus derechos. Un ejemplo claro es el amparo colectivo presentado en Campana contra el decreto presidencial que suspendió la Ley de Emergencia en Discapacidad. Aunque el juez federal local había fallado inicialmente a favor de las familias rechazando las excepciones gubernamentales, el Procurador del Tesoro interpuso una recusación contra el magistrado alegando «prejuzgamiento». Esta maniobra técnica obligó al juez a apartarse temporalmente, dejando la resolución final en manos de la Cámara y dilatando los tiempos de una decisión urgente para los afectados.
La situación ha generado un profundo malestar entre las organizaciones sociales, que cuestionan la energía puesta por el Ejecutivo en frenar amparos legítimos mediante recursos procesales, mientras la justicia federal acumula pruebas sobre un esquema de coimas millonarias en la misma agencia encargada de la asistencia. El fallo de Catamarca representa un alivio inmediato para miles de pensionados, pero el escenario de fondo revela una crisis institucional en el sistema de prestaciones por discapacidad, atrapado entre la necesidad de auditorías transparentes, denuncias de corrupción a gran escala y una batalla judicial por la restitución de derechos adquiridos.
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