Revés judicial para el Gobierno: ordenan al Banco Central revelar el destino de las reservas de oro
La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal falló a favor de la transparencia y exigió a la autoridad monetaria que brinde detalles precisos sobre la ubicación y las operaciones realizadas con los lingotes. El fallo desestima los argumentos de confidencialidad esgrimidos por Santiago Bausili y Luis Caputo, quienes habían evitado responder a los requerimientos de la Auditoría General de la Nación y de legisladores opositores sobre los activos trasladados al exterior durante su gestión.
Infórmate en DiarioPampero.com – La Justicia Federal ha emitido un dictamen que obliga al Banco Central a entregar información detallada sobre el destino de las reservas de oro. Los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani consideraron insuficiente la justificación de secreto alegada por el Gobierno para no revelar la ubicación de los activos. La medida responde a los reiterados pedidos de informes legislativos que buscaban esclarecer si el oro fue utilizado como garantía o simplemente depositado en el extranjero.
La Justicia Federal ha intervenido de manera directa en la controversia sobre el manejo de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), ordenando a la entidad que preside Santiago Bausili que entregue información precisa sobre la localización y estado de los lingotes de oro propiedad del Estado. La resolución, firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, establece un precedente importante en materia de acceso a la información pública, al considerar que la negativa de las autoridades a brindar datos vulnera los principios de transparencia institucional.
El conflicto se originó tras la revelación de operaciones de traslado de reservas de oro fuera del país, ejecutadas bajo la gestión del Ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del BCRA. Estas maniobras, que implicaron la salida de uno de los activos líquidos más importantes del organismo, se mantuvieron bajo un estricto hermetismo. Ante los requerimientos formales presentados por el diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, así como por la Auditoría General de la Nación (AGN), las autoridades monetarias se habían negado a responder, argumentando que se trataba de movimientos propios de la «administración» de reservas y que, por ende, debían permanecer bajo secreto.
Sin embargo, el fallo judicial es contundente al señalar que la configuración de excepciones legales para no entregar información pública no puede depender de una «apreciación unilateral del sujeto obligado». Los magistrados subrayaron que es responsabilidad del Estado demostrar, de forma concreta y no abstracta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño real a un interés protegido. La respuesta evasiva del Banco Central, que se limitó a emitir comunicados formales indicando que había completado transferencias entre sus cuentas sin precisar montos, destinos ni motivos, fue considerada insuficiente por el tribunal.
La falta de precisiones sobre el manejo de los activos soberanos y las dudas respecto a la utilización de los lingotes como garantía financiera generan incertidumbre en el arco político y económico nacional respecto a la solvencia.
La preocupación radica en la magnitud de los activos involucrados. Según informes oficiales previos, las reservas de oro de Argentina rondan los 4.900 millones de dólares. Este componente es fundamental para la hoja de balance del BCRA, especialmente en un contexto donde las reservas líquidas netas —aquellas utilizables para el pago de importaciones o deuda— se encuentran en terreno negativo. Estimaciones de consultoras privadas, como LCG, ubican el rojo de las reservas netas reales en torno a los 18.000 millones de dólares, una cifra que sería aún más alarmante si no se contabilizara el oro, cuyo valor ha aumentado recientemente en los mercados internacionales.
La falta de claridad sobre si estos lingotes permanecen en custodia física bajo titularidad del Estado o si han sido utilizados como colateral (garantía) para obtener préstamos (operaciones de REPO), es el punto central del reclamo. Si el oro hubiese sido convertido en instrumentos financieros o entregado en caución, su disponibilidad inmediata podría estar comprometida, lo cual altera la percepción real de solvencia de la entidad monetaria. Hasta el momento, ni Caputo ni Bausili han explicado si el metal se encuentra en bóvedas de Londres, Basilea o en otro destino, limitándose a comentarios superficiales en medios de comunicación sobre la obtención de intereses.
La sentencia judicial llega en un momento donde la Auditoría General de la Nación también había reportado la negativa del Central a entregar documentación respaldatoria sobre estas operaciones. Diversos referentes políticos y ex funcionarios, incluido Martín Redrado, han insistido en la necesidad de que el manejo de los activos públicos se realice de cara a la sociedad, cuestionando la opacidad con la que se han manejado los giros al exterior. Ahora, con el mandato judicial firme, el Banco Central deberá abandonar la postura de confidencialidad absoluta y detallar qué ha sucedido con el oro de los argentinos.
Con Información de LPO.
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