La CIDH da curso a la demanda de La Pampa por el río Atuel: un nuevo capítulo en la lucha por los recursos hídricos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la presentación realizada por la provincia de La Pampa respecto al incumplimiento de un fallo de la Corte Suprema sobre el río Atuel. El organismo internacional solicitó al Estado Nacional responder en un plazo máximo de cuatro meses sobre las razones del incumplimiento, marcando un hito en un conflicto histórico entre La Pampa y Mendoza por el acceso al recurso hídrico.
El anuncio fue realizado este lunes por el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora Alicia Mayoral, representantes de la Universidad Nacional de La Pampa, miembros de la Fundación Chadileuvú (FUCHAD), la Asamblea por los Ríos Pampeanos, y otras autoridades. «Es un nuevo paso que damos como provincia. Esta decisión muestra que La Pampa no abandona la lucha por sus ríos», expresó Ziliotto.
Un conflicto de décadas
El río Atuel, cuya cuenca es compartida entre Mendoza y La Pampa, ha sido objeto de controversias desde hace décadas debido a la utilización del recurso por parte de Mendoza, que afecta el caudal que debería llegar al territorio pampeano. En 2017, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de La Pampa, reconociendo su derecho a un flujo hídrico suficiente y ordenando un caudal mínimo. Sin embargo, según las autoridades pampeanas, este fallo no ha sido cumplido.
Ziliotto destacó que “hay agua en el Atuel, y Mendoza incluso planea nuevos reservorios”. Esta situación, según el gobernador, refuerza los argumentos de La Pampa para exigir que el río vuelva a fluir de manera permanente en su territorio.
La decisión de la CIDH
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez calificó la resolución de la CIDH como “un gran paso”. Según explicó, la Comisión ha iniciado la etapa de análisis de admisibilidad del caso y solicitó al Estado argentino una respuesta en un plazo de tres meses, prorrogable a cuatro. «La CIDH analizará si el Estado argentino violó el derecho humano al ambiente y el cumplimiento de sentencias judiciales que ordenan la reparación de derechos», explicó.
Gil Domínguez subrayó que este avance permite que la CIDH evalúe si la actuación de la Corte Suprema y la gestión del conflicto por parte de Mendoza vulneraron los derechos humanos de los habitantes pampeanos, al obstaculizar el acceso al recurso hídrico.
Perspectivas desde la sociedad civil
Representantes de organizaciones no gubernamentales como FUCHAD y la Asamblea por los Ríos Pampeanos expresaron su esperanza en que la intervención internacional marque un cambio significativo. Alberto Goldberg, presidente de FUCHAD, señaló que, a 40 años de la creación de la fundación, los avances han sido limitados, pero consideró que esta resolución «puede constituirse en una etapa trascendental».
Por su parte, Roberto Rodríguez, de la Asamblea por los Ríos, destacó el trabajo conjunto con el gobierno provincial y la sociedad pampeana en la lucha por el Atuel. «La decisión de la CIDH representa una luz de esperanza para que el río vuelva a surcar suelo pampeano», afirmó.
El desafío por delante
La respuesta del Estado Nacional ante la CIDH será clave en este proceso, ya que podría derivar en una etapa de fondo donde se determine si existió una violación a los derechos humanos. Mientras tanto, La Pampa reafirma su compromiso de utilizar todas las herramientas legales disponibles para garantizar que el río Atuel fluya nuevamente en su territorio, en defensa de los derechos ambientales de sus habitantes.
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