La Iglesia rechaza el cierre de la sala de prensa en Casa Rosada y pide diálogo al Gobierno
La Conferencia Episcopal Argentina expresó su profunda preocupación ante la prohibición de ingreso impuesta a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno. Tras una reunión con los corresponsales afectados, las autoridades eclesiásticas instaron a la administración nacional a encontrar una salida rápida al conflicto. Enfatizaron la importancia de garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información de toda la sociedad y la preservación de las fuentes laborales afectadas.
Infórmate en DiarioPampero.com – El Episcopado solicitó formalmente al Gobierno que restituya el acceso de los corresponsales a la Casa Rosada tras la clausura de la sala Roberto Di Sandro. Monseñor Jorge Lozano escuchó los planteos y subrayó la necesidad de resguardar los principios constitucionales en la república. En paralelo, la Justicia federal evalúa la acción de amparo impulsada por un medio afectado para lograr que sus periodistas puedan reanudar sus tareas gubernamentales hoy.
La cúpula de la Iglesia Católica nacional manifestó su respaldo hacia los profesionales de los medios de comunicación que sufrieron la restricción de acceso a las instalaciones del Poder Ejecutivo. El conflicto se desató cuando la Casa Militar elevó una denuncia por presunto espionaje ilegal, fundamentada en la circulación de imágenes grabadas por un canal televisivo en los pasillos gubernamentales. Esta determinación derivó en un hecho sin antecedentes en más de ochenta y cinco años: el cierre total de la tradicional Sala «Decano Roberto Di Sandro» y la eliminación de los registros biométricos de los comunicadores.
En este contexto, el arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, Jorge Lozano, recibió el último viernes a los corresponsales perjudicados en el edificio de la Conferencia Episcopal Argentina. Durante el encuentro, los delegados eclesiásticos escucharon atentamente las explicaciones de los trabajadores sobre la gravedad de la medida impuesta por la gestión nacional. Mediante un documento oficial publicado recientemente, la entidad religiosa indicó que los presentes resaltaron la urgencia de defender el derecho al trabajo, al que definieron como el sostén económico de numerosas familias, y remarcaron el valor de preservar la libre circulación de información para toda la ciudadanía.
El reclamo eclesiástico por la libertad de expresión frente a una medida oficial y la consecuente demanda judicial para reinstalar los derechos constitucionales vulnerados en la sede del Poder Ejecutivo Nacional
La Iglesia también hizo hincapié en la necesidad de eliminar los discursos cargados de odio, retomando reflexiones papales vinculadas a la importancia de evitar expresiones agraviantes y pacificar el lenguaje. Desde el Episcopado abogaron por el establecimiento de canales que fomenten el entendimiento y permitan superar este desencuentro institucional. Cabe destacar que el espacio destinado a la prensa oficial funcionaba de manera prácticamente ininterrumpida desde la década de 1940. Según recuerdan los propios cronistas, las puertas de la sala se mantuvieron abiertas incluso durante la última dictadura militar, y sobrevivió a los intentos de clausura o traslado que impulsaron las administraciones de Carlos Menem y Mauricio Macri.
Mientras los canales de diálogo propuestos por las autoridades religiosas intentan abrirse paso, la controversia ya se encuentra en el terreno judicial. El diario Ámbito, una de las firmas afectadas directamente a través de sus periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, interpuso una acción de amparo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, presidido por el magistrado Walter Lara Correa. La demanda judicial fue radicada por las sociedades NEFIR SA y Editorial Amfin SA, bajo el patrocinio del abogado Diego Armesto y la presentación del director del medio, Gabriel Morini.
El escrito legal exige como medida cautelar de carácter urgente e innovativo la rehabilitación inmediata de las autorizaciones de ingreso para las dos cronistas, argumentando que la prohibición viola preceptos constitucionales elementales. Los demandantes sostienen que la decisión oficial no solo atenta contra el ejercicio profesional y la igualdad ante la ley, sino que también priva a la población de su derecho inalienable de acceder a datos sobre las acciones del Gobierno. Las huellas dactilares de las trabajadoras, quienes cuentan con años de trayectoria cubriendo la actividad presidencial, fueron desactivadas del sistema de seguridad el pasado veintitrés de abril.
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