La Justicia ordenó al Gobierno actualizar salarios y becas universitarias en cinco días
El juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno nacional a cumplir en cinco días con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución incluye la actualización de salarios docentes y no docentes, además de las becas, y advierte sobre multas económicas diarias si persiste el incumplimiento.
Infórmate en DiarioPampero.com – La medida judicial sostiene que la información presentada por el Ministerio de Capital Humano no alcanza para acreditar el cumplimiento de la cautelar vigente.
La Justicia intimó al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y le otorgó un plazo de cinco días para actualizar los fondos destinados a las universidades. La decisión fue adoptada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11.
Según la resolución, la administración de Javier Milei no acreditó el cumplimiento de una medida cautelar vigente que contempla la actualización de salarios para el personal docente y no docente, además de un incremento en el presupuesto destinado a becas. Para ajustarse a la ley, el aumento salarial debe alcanzar el 33%.
El magistrado advirtió que, si el Estado no cumple con lo dispuesto, se aplicarán multas económicas diarias. La intimación se produjo luego de que el Gobierno presentara documentación que, de acuerdo con el análisis judicial, no resulta suficiente para demostrar que la medida cautelar fue acatada.
El alcance de la resolución judicial
La decisión se vincula con una medida cautelar que continúa vigente y que establece obligaciones para el Estado nacional en materia de financiamiento universitario. Cormick ya había rechazado semanas atrás un pedido de la administración libertaria para levantarla.
En esa oportunidad, el juez consideró que el acuerdo firmado en junio no era suficiente para demostrar que el conflicto entre las partes había quedado resuelto. También había ordenado al Estado que detallara y documentara, dentro de los tres días posteriores a la notificación, el nivel de cumplimiento alcanzado.
Tras analizar la información remitida por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, el magistrado concluyó que los datos aportados no alcanzaban para acreditar la ejecución de la cautelar. Por ese motivo, estableció un nuevo plazo perentorio de cinco días.
La intimación contempla la actualización de los ingresos del personal universitario y de las becas estudiantiles. El porcentaje salarial señalado en la resolución es del 33%, de acuerdo con lo establecido para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde el ámbito académico, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, calificó la decisión como una “excelente noticia”. Según expresó, el CIN había solicitado la intervención judicial ante el incumplimiento de la cautelar.
Bartolacci sostuvo que las universidades esperan que el Gobierno nacional cumpla con lo ordenado dentro del plazo fijado. También afirmó que continuarán actuando “con mucha responsabilidad” y “con mucha firmeza” hasta que la ley se cumpla de manera integral.
La resolución también generó reacciones en el ámbito político. El diputado Esteban Paulón recordó que había reclamado un año atrás el cumplimiento de la norma y señaló que denunció ante la Justicia a funcionarios nacionales por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Paulón sostuvo que el Gobierno continúa sin cumplir la ley y consideró que la decisión judicial introduce un límite en la discusión sobre el financiamiento de las universidades. En el mismo sentido, el dirigente del Frente Renovador Diego Giuliano vinculó el conflicto con los reclamos salariales de docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Rosario.
Giuliano afirmó que los trabajadores universitarios atraviesan nuevos paros y reclamos por los salarios básicos y por la aplicación de la ley. Además, sostuvo que las universidades continuarán defendiendo su función en la formación, la investigación y la ampliación de oportunidades educativas.
El próximo paso queda ahora en manos del Estado nacional, que deberá presentar dentro de cinco días la documentación y las medidas necesarias para acreditar el cumplimiento de la resolución. En caso contrario, quedará expuesto a la aplicación de sanciones económicas diarias.
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