Pandanés evitó la quiebra tras cerrar 25 locales y despedir a 150 trabajadores
La Justicia rechazó el pedido de quiebra de Pandanés y ordenó iniciar un salvataje empresario. La cadena había cerrado sus 25 sucursales y desvinculado a 150 trabajadores, en medio de una crisis financiera que la empresa atribuyó a la caída del consumo y el aumento de los costos.
Infórmate en DiarioPampero.com – El juzgado abrió un registro para acreedores, cooperativas y terceros interesados, mientras los empleados reclaman sus telegramas de despido, sus pertenencias y el pago de las indemnizaciones.
La Justicia rechazó el pedido de quiebra presentado por la cadena de panaderías Pandanés, que había cerrado sus 25 locales y despedido a 150 trabajadores. En lugar de avanzar con la liquidación, el juzgado interviniente ordenó iniciar un procedimiento de salvataje empresario.
La decisión fue adoptada por Pablo Frick, juez a cargo del Juzgado Comercial N.º 15. Según lo dispuesto, se abrirá durante cinco días un registro para que los acreedores, eventuales cooperativas y otros terceros interesados puedan inscribirse y formular propuestas.
El objetivo del proceso es encontrar una alternativa que permita evitar la liquidación de la compañía mediante la adquisición de sus cuotas sociales y la presentación de un acuerdo preventivo. Mientras tanto, los trabajadores continúan sin respuestas formales sobre su situación laboral.
Un proceso para evitar la liquidación
El magistrado fundamentó la resolución en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras. De acuerdo con esa norma, el salvataje debe agotarse antes de avanzar hacia la quiebra cuando se cumplen los requisitos legales previstos para ese procedimiento.
La empresa había explicado que atravesaba una crisis económica y financiera desde la segunda mitad de 2023. Según consta en el expediente, Pandanés ubicó el inicio de su estado de cesación de pagos en octubre de 2025.
En ese contexto, la firma recurrió al concurso preventivo para reestructurar pasivos que rondaban los $1.200 millones y sostener la continuidad del negocio. También aseguró haber aplicado medidas de reducción y reorganización de costos.
Entre las acciones mencionadas por la compañía figuran la renegociación de contratos de alquiler, el cambio de proveedores, la ampliación del surtido de productos, acuerdos con la autoridad fiscal y una reorganización operativa.
Pandanés también señaló que cerró los locales cuya explotación ya no resultaba sostenible. Sin embargo, según el documento judicial, las expectativas depositadas en esas medidas se vieron frustradas por distintos factores económicos que impactaron negativamente en la actividad.
La empresa sostuvo que el consumo cayó más de un 50% respecto del volumen histórico. En su presentación, describió la situación del sector de la panificación como una crisis profunda y estructural, marcada por el cierre de establecimientos y la retracción de la demanda.
Otro de los problemas señalados fue el tamaño de la planta industrial de Pandanés. El establecimiento, de 1.778,29 metros cuadrados, había sido inaugurado en noviembre de 2022 y estaba proyectado para abastecer hasta 50 locales propios.
El cierre de sucursales y la baja de las ventas dejaron una capacidad instalada superior a las necesidades de la empresa. Al mismo tiempo, se mantuvieron costos fijos vinculados con alquileres, energía, mantenimiento, estructura y personal.
La compañía también atribuyó el deterioro de sus márgenes al aumento de los insumos, especialmente la harina, además del encarecimiento de los servicios y los salarios actualizados por paritarias. A esto sumó el costo financiero y la dificultad para acceder a nuevas líneas de crédito.
Según la presentación de la gerente Lise Lundme Funch, los aumentos no pudieron trasladarse completamente a los precios porque eso habría provocado una pérdida adicional de clientes. La empresa describió así un deterioro progresivo de sus márgenes y de su flujo de fondos.
La sindicatura, por su parte, advirtió que Pandanés no había acreditado el pago de aportes y contribuciones correspondientes a la obra social, la ART y el seguro de vida de sus empleados entre marzo y julio de 2026. Por ese motivo, intimó a la firma a regularizar la situación.
Los trabajadores fueron informados de las desvinculaciones a través de un mensaje de WhatsApp enviado durante la madrugada del viernes anterior. De acuerdo con el reclamo difundido, todavía no habían recibido los telegramas formales de despido.
Además, los empleados denunciaron que no podían ingresar a los locales para retirar sus pertenencias debido al cambio de cerraduras. Uno de los trabajadores afirmó que los encargados les indicaron que debían comunicarse con el sindicato y sostuvo que los propietarios no respondían llamadas ni mensajes.
Daniel Rodríguez, secretario de Organización de la Unión Personal de Panaderías y Afines de la Capital Federal, afirmó que los trabajadores también se quedaron sin las propinas. La organización gremial reclama respuestas sobre la situación laboral y las sumas adeudadas.
La Secretaría de Trabajo porteña había convocado a una audiencia el martes anterior, pero, según informó el gremio, la parte empresaria no asistió. Frente a esa ausencia, desde la organización señalaron que los empleados deberán iniciar reclamos individuales para intentar cobrar sus indemnizaciones.
El procedimiento de salvataje abrirá ahora una instancia para que acreedores, cooperativas y terceros interesados presenten alternativas. El resultado de ese proceso definirá si la empresa puede reestructurarse o si finalmente avanza hacia una instancia de liquidación.
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