La Pampa exige a Nación anular una resolución que transfiere fondos provinciales al Tesoro sin control ni autorización
El gobernador Sergio Ziliotto intimó al Ministerio de Economía por apropiarse de fondos fiduciarios que no pertenecen al Estado nacional. Exige la inmediata derogación de la Resolución 1085/2025 y anticipa una demanda judicial por abuso de poder si no se revierte su aplicación.
El gobernador Sergio Ziliotto intimó al Ministerio de Economía por apropiarse de activos de fideicomisos disueltos, que pertenecen a las provincias. Exige que se derogue la Resolución 1085/2025, que convierte esos recursos en fondos de libre disponibilidad del Estado nacional, y advierte sobre acciones judiciales por abuso de autoridad.
Fuerte advertencia por el uso de fondos fiduciarios que no son nacionales
El Gobierno de La Pampa intimó formalmente al Ministerio de Economía de la Nación a anular la Resolución 1085/2025, publicada el 29 de julio en el Boletín Oficial, que transfiere al Tesoro Nacional los activos remanentes de fideicomisos disueltos. El gobernador Sergio Ziliotto sostuvo que se trata de una disposición emitida por una autoridad sin competencia legal para cambiar el destino ni la naturaleza jurídica de esos fondos, cuya titularidad corresponde a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La medida nacional convierte en recursos de libre disponibilidad del Tesoro partidas que, según el Código Civil y Comercial, deben regresar a sus beneficiarios o cumplir con el fin estipulado en el fideicomiso. “El Ministerio se arroga facultades que no tiene”, señala la intimación dirigida al ministro Luis Caputo, y agrega que se configuraría un abuso de poder con impacto directo en las arcas provinciales.
Ziliotto advierte que la normativa viola la Ley Bases (27.742), el decreto 695/2024 y otras disposiciones que en ningún caso habilitan al Ejecutivo a disponer de esos activos. También remarca que no existe verificación, rendición final ni autorización previa del Poder Ejecutivo Nacional para el desvío de los fondos.
En el caso de La Pampa, como en el resto de las jurisdicciones, estos recursos están asignados al financiamiento de obras, programas y servicios públicos. Su redireccionamiento al Estado federal no solo implica una apropiación contraria al federalismo consagrado en la Constitución, sino que representa una afectación directa al desarrollo territorial.
En ese marco, el gobierno pampeano exige la derogación inmediata de la Resolución 1085/2025 y deja asentado que, de no obtener una respuesta favorable, avanzará con acciones legales, tanto civiles como penales, contra los responsables de su implementación.
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