El proyecto pampeano limita la extranjerización y protege áreas estratégicas
El gobernador Sergio Ziliotto envió a la Legislatura un proyecto de ley para regular la titularidad extranjera de tierras rurales en La Pampa. La iniciativa prohíbe operaciones en áreas con recursos naturales estratégicos, limita superficies y fija porcentajes máximos de extranjerización.
Infórmate en DiarioPampero.com – La propuesta provincial establece controles sobre la compra y posesión de campos, con excepciones vinculadas con la residencia, los vínculos familiares y la ciudadanía argentina.
El gobernador Sergio Ziliotto remitió a la Cámara de Diputados de La Pampa el proyecto de Ley Provincial de Tierras Rurales, según informó la Agencia Provincial de Noticias. La propuesta busca establecer un marco regulatorio provincial ante la ausencia de una normativa nacional vigente sobre la materia.
El texto plantea la prohibición absoluta de vender tierras rurales a personas físicas y jurídicas extranjeras cuando incluyan o colinden directamente con ríos, acuíferos, lagunas, humedales, bosques nativos o áreas protegidas.
Además, restringe totalmente la titularidad de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera. Para el resto de las personas extranjeras, establece límites de superficie, porcentajes máximos de tenencia y condiciones específicas de acceso.
Alcance de la iniciativa
El proyecto fija un tope de extranjerización del 15% tanto en el territorio provincial como en cada departamento. También establece que, dentro de ese porcentaje, los titulares de una misma nacionalidad no podrán superar el 30% del límite permitido.
Las superficies máximas para personas físicas y jurídicas extranjeras se determinarán según los parámetros de productividad de cada zona. Para ello, la iniciativa remite a la Ley Provincial 468, que establece las superficies correspondientes a las Unidades Económicas Agrarias.
De acuerdo con el proyecto, el máximo de tenencia extranjera podrá ubicarse entre 1.000 y 20.000 hectáreas, dependiendo de la localización y de las características productivas de la tierra.
La iniciativa también contempla excepciones para determinadas personas extranjeras. Las limitaciones no se aplicarían a quienes acrediten 10 años de residencia continua y permanente en el país.
También quedarían exceptuadas las personas extranjeras que tengan hijos argentinos y demuestren al menos cinco años de residencia permanente y continua. La misma condición se prevé para quienes estén casados o mantengan una unión convivencial con una persona argentina durante un mínimo de cinco años y acrediten igual período de residencia.
Como supuesto especial, los extranjeros naturalizados ciudadanos por inversión podrían adquirir tierras rurales sin las limitaciones de superficie si acreditan dos años de residencia continua ante el Registro Provincial de Tierras Rurales.
El fundamento jurídico del proyecto se apoya en las competencias provinciales vinculadas con el uso del suelo y el dominio originario de los recursos naturales, previstas en los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional.
La propuesta también se encuadra en los artículos 18 y 33 de la Constitución de La Pampa, que establecen obligaciones estatales de preservación ambiental, reconocen la función social de la propiedad y subordinan su explotación a la conveniencia de la comunidad.
Según la fundamentación difundida, el proyecto toma como antecedente la derogada Ley Nacional 26.737, que regulaba el dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. La iniciativa busca generar un esquema de control provincial ante la falta de regulación nacional vigente.
El texto menciona además que existen regulaciones sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros en países como Brasil, Uruguay, Paraguay, México, Ecuador y Perú, así como en algunos estados de Estados Unidos y Canadá, Suiza, Austria, Hungría, Australia, Nueva Zelanda, China y Tailandia.
El proyecto deberá ser analizado ahora por la Legislatura pampeana, donde se evaluarán sus alcances, las condiciones de aplicación y el funcionamiento del registro provincial previsto para controlar la titularidad y posesión de las tierras rurales.
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