La UBA rechaza la intervención del Gobierno y defiende la autonomía universitaria
En medio de un creciente conflicto, la Universidad de Buenos Aires lanza un comunicado crítico contra el Poder Ejecutivo, defendiendo su autonomía y transparencia en la administración de recursos y advirtiendo sobre el impacto de la intervención en la educación pública.
La decisión del gobierno de Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario y la intención de intervenir las universidades públicas mediante la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) ha generado una respuesta contundente de la UBA y otras instituciones públicas del país, que expresaron su rechazo a través de marchas, clases públicas y comunicados oficiales. En su última declaración, la UBA advierte que la intervención no solo desafía el control administrativo de las universidades, sino que amenaza la libertad académica, elemento esencial de la educación gratuita y de calidad.
Un conflicto por la transparencia y la autonomía educativa
En su comunicado titulado “SÍ a las auditorías, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas”, la UBA detalla que rinde cuentas de sus gastos según los mecanismos establecidos por la ley, lo cual la convierte en uno de los organismos más controlados del ámbito público. La universidad también pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso, que la incluya nuevamente en el Plan de Auditoría 2025 y anunció que convocará a auditores independientes, tanto nacionales como internacionales, para verificar la transparencia de sus procesos internos.
La UBA cuestiona las competencias de la SIGEN, argumentando que, según la Ley de Administración Financiera N° 24.156, este organismo no tiene autoridad para auditar universidades nacionales, ya que solo supervisa a las entidades bajo el Poder Ejecutivo. La universidad considera que el objetivo final de estas medidas es “ideológico” y busca restringir la autonomía universitaria y el derecho a una educación gratuita, equitativa y accesible para todos los ciudadanos.
Ante la escalada de tensiones, la UBA decidió llevar el conflicto ante la Justicia, solicitando que el Poder Judicial se pronuncie sobre el alcance de la supervisión de las universidades nacionales y defienda su autonomía frente a intervenciones arbitrarias.
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