Las provincias pierden más de $15 billones en coparticipación: radiografía fiscal del ajuste de Milei
Desde diciembre de 2023, las provincias argentinas perdieron más de $15 billones en recursos coparticipables. La recaudación tributaria muestra una redistribución regresiva que refuerza el poder de la Nación, debilita los presupuestos locales y compromete servicios esenciales en salud, educación e infraestructura.
La caída real en la recaudación coparticipable desde diciembre de 2023 expone un modelo que concentra recursos en la Nación y profundiza las desigualdades regionales. Las medidas impositivas del gobierno actual favorecen a sectores de altos ingresos y debilitan a las provincias, que enfrentan una crisis de financiamiento para sostener servicios básicos.
Un esquema que castiga a los territorios
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, las transferencias automáticas por coparticipación a las provincias sufrieron una pérdida acumulada que supera los 15 billones de pesos. Esta merma —equivalente a más de 11.500 millones de dólares— responde a una política fiscal que reduce el tamaño del Estado, pero no en la cúspide del poder, sino en los territorios más vulnerables del país.
Durante 2024, la recaudación total cayó un 8,3% en términos reales, pero los recursos destinados a las provincias se desplomaron un 12,3%. En contraste, los tributos que la Nación retiene para sí apenas bajaron un 1,2%. La diferencia no es casual: el rediseño tributario favoreció impuestos no coparticipables —como el PAIS y los combustibles— mientras se reintrodujo Ganancias para trabajadores y se eliminó la devolución del IVA, golpeando a los sectores medios y populares.
Este modelo no solo afecta a las cuentas públicas provinciales: impacta en hospitales, escuelas, rutas y programas sociales. Las provincias dependen en gran medida de la coparticipación y de la actividad económica, y la recesión agrava su deterioro. El retroceso del consumo —reflejado en la caída del IVA del 8,8% en el primer trimestre de 2025— arrastra a la baja los ingresos locales.
El gobierno promueve una idea de recuperación económica, pero los datos fiscales la desmienten. El leve incremento interanual en la coparticipación (+1,2%) no alcanza a revertir la caída del año anterior. La recuperación del impuesto a las Ganancias responde a un aumento de la presión sobre los asalariados, no a un repunte de la actividad.
La concentración de recursos en el nivel nacional y la desfinanciación de las provincias comprometen el funcionamiento de los servicios esenciales y ponen en duda la sustentabilidad del federalismo. La promesa de “terminar con la casta” derivó en una estructura donde los sectores de mayores ingresos tributan menos y las provincias pierden autonomía.
Mientras se consolida un esquema regresivo, crece la preocupación por el futuro de la democracia territorial. El ajuste no afecta solo a los números: condiciona derechos, debilita la equidad y restringe las capacidades del Estado para responder a las necesidades sociales.
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