Los reclamos por tasas abusivas de bancos y fintech se duplicaron durante el primer semestre
Las denuncias interpuestas por los usuarios contra entidades bancarias y plataformas digitales crecieron noventa y dos por ciento durante la primera mitad del año. La Secretaría de Comercio detectó cobros de tasas de interés anuales que alcanzaron hasta el mil trescientos por ciento. Los reclamos señalan fallas graves de información sobre los costos financieros de los créditos acordados. Asimismo, aumentaron los casos denunciados por acoso constante en los cobros de las deudas pendientes.
Infórmate en DiarioPampero.com – La Subsecretaría de Defensa del Consumidor registró doscientos reclamos formales por fallas en préstamos. El organismo oficial detectó que la cantidad de denuncias se duplicó frente al año anterior. La falta de información transparente sobre las tasas de interés lidera los reclamos de los usuarios. Asimismo crecieron las acusaciones por cobros indebidos y acoso persistente a las personas endeudadas. El sobreendeudamiento actual golpea con severidad a los hogares.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial difundió un informe elaborado en el área del Ministerio de Economía. El reporte oficial contabilizó doscientos reclamos vinculados a servicios financieros en la primera mitad del año. Este registro representa una suba del noventa y dos por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. Las denuncias apuntan principalmente a los bancos tradicionales y a las plataformas digitales de pago.
Los motivos que impulsaron el crecimiento de las presentaciones judiciales y administrativas muestran patrones preocupantes entre los usuarios. Las quejas por precios desorbitados y porcentajes de interés abusivos aumentaron casi cuatrocientos por ciento interanual. Además las acusaciones por hostigamiento o acoso durante las gestiones de cobro registraron un salto del trescientos sesenta por ciento. La omisión deliberada de información fundamental sobre las condiciones de contratación creció ciento treinta y un por ciento.
Las empresas omitieron indicar la Tasa Nominal Anual y el Costo Financiero Total al momento de ofrecer los préstamos. En muchos casos los contratos no se entregaron por escrito ni estuvieron disponibles digitalmente. Esta conducta vulnera de forma directa los artículos cuatro y treinta y seis de la Ley de Defensa del Consumidor. Los clientes aceptaron las condiciones mediante aplicaciones móviles sin conocer los valores finales de sus compromisos.
El incremento de la mora financiera encendió las alarmas en el sector público y el sector privado. El Congreso de la Nación evalúa proyectos de ley para frenar el impacto en los bolsillos familiares. Las plataformas virtuales aplican costos financieros desproporcionados que dificultan cancelar los saldos pendientes. Ante este escenario las autoridades buscan ordenar el mercado crediticio sin limitar el acceso al dinero.
La diferencia de costos entre los distintos actores del sistema financiero alcanza niveles extraordinarios. En las entidades bancarias tradicionales la Tasa Nominal Anual para un crédito personal ronda el ciento cuarenta y dos por ciento. Sin embargo el Costo Financiero Total Efectivo Anual en esas instituciones puede escalar hasta el cuatrocientos por ciento. Por su parte las aplicaciones de fintech imponen recargos anuales que llegan a superar el mil trescientos por ciento.
Esta situación se produce en un escenario de mora creciente que ya afecta a casi seis millones de personas. El índice de morosidad trepó al diecisiete coma cinco por ciento según estudios recientes de consultoras económicas privadas. La velocidad del ajuste inflacionario no coincidió con el descenso de las cargas financieras de las deudas preexistentes. Por este motivo la Central General del Trabajo convocó a movilizaciones frente a los organismos de gobierno.
Distintas jurisdicciones avanzan con medidas para contener los efectos del sobreendeudamiento en la población. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementó un programa de refinanciación con topes máximos de interés anual. Asimismo los legisladores nacionales impulsan iniciativas para fijar límites claros a las penalizaciones por falta de pago. Las autoridades buscan proteger los derechos de los consumidores y garantizar condiciones transparentes en las operaciones de crédito.
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