El oficialismo incorporó controles y apunta a votar el proyecto el 12 de noviembre
La Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría para la Ley de Defensa de la Soberanía, impulsada por el Gobierno para sancionar actividades ilegales en las Islas Malvinas. Tras aceptar cambios sobre empresas, controles parlamentarios e injerencia extranjera, el oficialismo busca debatirla el 12 de noviembre.
Infórmate en DiarioPampero.com – La iniciativa avanzó con respaldo mayoritario en un plenario de comisiones, aunque aún persisten diferencias entre el oficialismo y bloques aliados sobre el alcance de algunos artículos.
El oficialismo consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía en un plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal de la Cámara de Diputados.
La propuesta, impulsada por el Gobierno, establece nuevas sanciones para empresas que exploten ilegalmente recursos naturales en las Islas Malvinas. El avance parlamentario se produjo después de varias rondas de negociación con bloques aliados.
Según informó el medio de origen, La Libertad Avanza busca llevar el proyecto al recinto el jueves 12 de noviembre. Para avanzar, el texto incorporó modificaciones vinculadas con la responsabilidad empresarial, la supervisión legislativa y los delitos por injerencia extranjera.
Los cambios al proyecto
Uno de los principales cambios se refiere al alcance de las sanciones para las compañías que participen en actividades ilegales en el Atlántico Sur. La nueva redacción limita la responsabilidad a los operadores directos, determinados proveedores y accionistas vinculados con esos proyectos.
El texto también excluye a los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a los fondos de inversión indirectos. El objetivo señalado en la iniciativa es evitar que las penalidades alcancen a actores sin intervención directa en las operaciones cuestionadas.
El proyecto contempla además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Poder Ejecutivo. El organismo coordinaría políticas de defensa, inteligencia y seguridad, y evaluaría inversiones extranjeras en sectores estratégicos.
Ante los cuestionamientos de bloques aliados por la concentración de facultades, el Gobierno aceptó incorporar al Ministerio de Seguridad como miembro permanente. También habilitó la participación de autoridades legislativas y otros funcionarios en determinadas circunstancias.
Otra modificación establece una comisión bicameral de seguimiento, integrada por diputados y senadores, para supervisar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. Entre sus atribuciones estará el seguimiento de las medidas adoptadas y la recepción de información del Ejecutivo.
De acuerdo con el nuevo texto, el Gobierno deberá comunicar determinadas decisiones dentro de las 48 horas. La incorporación responde a los reclamos de sectores dialoguistas, que pedían mayores controles sobre las facultades del organismo.
Los artículos sobre campañas de injerencia extranjera y difusión de información también fueron reformulados. La propuesta delimita como delito la intervención de un Estado extranjero mediante acciones clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas destinadas a alterar procesos electorales o condicionar decisiones políticas.
La iniciativa incorpora excepciones expresas para la actividad periodística, la investigación académica, la actividad diplomática y la expresión pública de opiniones. Esas modificaciones fueron incluidas después de advertencias sobre posibles restricciones a la libertad de expresión.
El Gobierno había anunciado el envío del proyecto al Congreso con carácter urgente a comienzos de septiembre, durante un mensaje por cadena nacional del presidente Javier Milei. Ahora, el oficialismo busca reunir los votos necesarios para tratarlo en una sesión prevista tentativamente para el 12 de noviembre.
Según el material difundido, la fecha proyectada se ubica después de la visita del papa León XIV a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. Mientras tanto, aún persisten diferencias entre los bloques sobre algunos artículos de la propuesta.
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