Milei continúa con el desmantelamiento del cine nacional
Avanza el desmantelamiento del cine nacional con nuevas medidas oficiales El Gobierno eliminó el tributo que financiaba el cine argentino, dejando a la industria con menos recursos y mayor dependencia del sector privado.
El Gobierno eliminó el tributo que garantizaba fondos para el cine argentino. La decisión se suma a recortes presupuestarios y cambios en la regulación de estrenos, dejando a la industria en una situación crítica.
El Gobierno de Javier Milei continúa aplicando cambios que afectan al sector audiovisual. A través de la Resolución 48/2025, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), bajo la dirección de Carlos Pirovano, eliminó el «certificado de exhibición», un tributo vigente desde 2011. Este gravamen obligaba a distribuidoras extranjeras a abonar un monto escalonado según la cantidad de salas donde se proyectaban sus filmes, destinando lo recaudado a la producción nacional.
La medida se suma a otras decisiones que han debilitado al INCAA y al cine local. En julio de 2024, el presidente Milei firmó el Decreto 662/2024, que eliminó la cuota de pantalla que garantizaba espacio a producciones argentinas en las salas de cine. Desde entonces, el sector ha denunciado la concentración de subsidios en grandes corporaciones y la reducción de oportunidades para la industria local.
Un panorama complejo para la producción nacional
El INCAA también ha sufrido recortes en su presupuesto y despidos masivos. En enero de 2024, 400 trabajadores fueron desvinculados, sumándose a los 40 empleados trasladados sin funciones claras en noviembre de 2023. Además, la reciente eliminación del «certificado de exhibición» ha generado críticas entre los realizadores, quienes advierten que la medida agrava la crisis del sector.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, defendió la decisión argumentando que el tributo dificultaba la exhibición de cine en el interior del país. Sin embargo, el sector sostiene que esta eliminación perjudica la diversidad de contenidos en las salas y refuerza la presencia de producciones extranjeras.
A esto se suma un reajuste en los costos reconocidos por el INCAA para la producción nacional. A partir de septiembre de 2024, el presupuesto medio de un largometraje ascendió a $300 millones, una cifra que según datos de la industria sigue siendo insuficiente. Estimaciones indican que el costo real de una película de ficción hoy ronda los $1.730 millones, lo que deja a los productores con un financiamiento que apenas cubre una fracción del total necesario.
El Subsidio por Otros Medios de Exhibición también fue modificado, estableciendo nuevos límites según el tipo de producción:
- Animación: hasta el 100% del costo reconocido, con un tope del 43% del valor de una película media ($129 millones).
- Ficción: límite del 34% ($102 millones).
- Documental: hasta el 17% ($51 millones).
- Documental digital: máximo del 5% ($15 millones).
Si se considera el costo real de producción, el financiamiento público cubre menos del 6% del presupuesto de una película de ficción, dejando a la industria en una situación vulnerable.
Por otro lado, la regulación sobre cuota de pantalla para estrenos nacionales sigue siendo limitada. Los complejos con más de ocho salas deberán reservar solo el 6% de los estrenos anuales para producciones argentinas, mientras que los cines con hasta ocho pantallas destinarán un 4%. Además, los filmes nacionales contarán con dos funciones diarias en horario central solo en su primera semana de exhibición.
El sector cinematográfico advierte que estas modificaciones favorecen la concentración de la industria en manos de distribuidoras extranjeras y limitan el acceso del público a contenidos nacionales. En este contexto, la eliminación del «certificado de exhibición» representa un nuevo obstáculo para la sostenibilidad del cine argentino, que enfrenta un escenario de incertidumbre y reducción de oportunidades.
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