El gobierno de Milei prohíbe el ingreso de periodistas a la Casa Rosada tras denunciar espionaje de TN
La administración de Javier Milei bloqueó el acceso de todos los trabajadores de prensa acreditados en Balcarce 50. La medida, sin precedentes cercanos, surge como respuesta a la difusión de imágenes internas de la sede de gobierno por parte del canal Todo Noticias. Las autoridades argumentan que estas acciones vulneran la seguridad presidencial y representan un presunto espionaje ilegal. Esta decisión intensifica la tensión entre el Poder Ejecutivo y los medios de comunicación en el país.
Infórmate en DiarioPampero.com – El Gobierno nacional dispuso hoy la suspensión preventiva del acceso a la Casa Rosada para los periodistas acreditados diariamente. La determinación obedece a una denuncia penal que fue presentada por la Casa Militar contra dos cronistas televisivos acusados de vulnerar gravemente la seguridad. Esta medida regirá hasta que la Justicia logre aclarar todos los hechos, lo cual profundiza el severo conflicto existente entre el Presidente de la Nación y la prensa.
La medida adoptada por la gestión gubernamental implica la eliminación inmediata de los permisos de ingreso para todos los comunicadores que desarrollan sus tareas cotidianas en Balcarce 50. Según trascendió desde esferas oficiales, la directiva se sustenta en dos argumentos de peso. El primero se refiere a la necesidad de avanzar en una investigación sobre una supuesta infiltración internacional en ámbitos de prensa, situación que previamente había motivado restricciones a cronistas de diferentes medios. El segundo motivo, y el de mayor impacto en esta instancia, responde a una reciente acción legal entablada contra trabajadores del canal Todo Noticias.
Esta disposición preventiva vaciará por completo la histórica sala de prensa, un recinto que siempre había funcionado como puente entre la información estatal y la ciudadanía, incluso durante etapas de fuerte turbulencia política e institucional en el pasado nacional. La instrucción de avanzar en el terreno judicial se originó desde la Casa Militar, dependencia liderada por el general de Brigada Sebastián Ibáñez y bajo la órbita directa de la Secretaría General de la Presidencia. La acusación recayó de manera específica sobre Luciana Geuna y el acreditado habitual de la emisora, Ignacio Salerno, luego de que un programa dominical emitiera material audiovisual grabado en el interior del palacio gubernamental.
Tensión creciente y reacciones en las redes sociales ante la judicialización de la tarea periodística
Las autoridades esgrimen que dicha filmación constituye una maniobra furtiva que expuso zonas de acceso restringido, poniendo en riesgo la integridad de los funcionarios y comprometiendo potenciales secretos de Estado ligados a la rutina presidencial. El expediente ha sido radicado por sorteo en los tribunales de Comodoro Py, bajo la supervisión del magistrado Ariel Lijo. En este escenario de alta conflictividad, el jefe de Estado, quien se encontraba desarrollando una gira internacional por Israel al momento de la transmisión televisiva, utilizó sus perfiles digitales para emitir duros cuestionamientos y exteriorizar su enojo.
A través de la red social X, el mandatario profirió una serie de insultos severos dirigidos a los responsables del informe periodístico, acusándolos directamente de delincuentes y reclamando que la situación escale hasta las más altas jerarquías del medio de comunicación involucrado. Este tipo de expresiones se alinea con una constante serie de descalificaciones públicas que el primer mandatario viene dirigiendo hacia un amplio sector de la prensa, consolidando un clima de hostilidad manifiesta en el intercambio público y el debate diario.
El documento presentado ante la Justicia, que abarca nueve fojas de argumentación, subraya que los denunciados habrían eludido premeditadamente los controles de la seguridad presidencial amparándose bajo excusas de interés público. De acuerdo a la óptica gubernamental plasmada en el texto legal, los reporteros se apartaron groseramente de la normativa estipulada en la Resolución 1319 de la Secretaría de Comunicación y Medios del año pasado, así como de los estándares básicos que regulan el desempeño de los profesionales acreditados en la sede del Poder Ejecutivo.
Desde la administración central afirman que, frente a estos hechos, se dispuso la baja de las huellas dactilares y se dejó sin efecto por completo la prórroga de las acreditaciones correspondientes al año 2025. Las fuentes oficiales consultadas señalaron que la Casa de Gobierno mantendrá cerradas sus puertas para los equipos periodísticos, condicionando cualquier eventual reapertura de la sala a la evolución y resolución de este complejo proceso en el ámbito federal, un desarrollo que mantiene en alerta a todo el arco informativo nacional.
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