Ministro de Defensa Argentino esi denunciado ante ONU por desmantelar área que investigaba crímenes de dictadura
El ministro de Defensa argentino, Luis Petri, y su cartera fueron denunciados ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el desmantelamiento del área que investigaba los crímenes de la última dictadura militar en el país (1976-1983).
La denuncia fue presentada por la diputada porteña Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ante el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación de la ONU, Fabián Salvioli.
Los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) de archivos de las Fuerzas Armadas, cuyo desmantelamiento ordenó Petri, funcionaron durante 14 años y aportaron más de 170 informes clave en causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar.
El 27 de marzo, Petri despidió a 10 de los 13 trabajadores de los ERyA y anunció la derogación de las resoluciones que crearon y regulaban el funcionamiento de estos equipos especializados.
En su denuncia, Montenegro advirtió que las medidas tomadas por el ministro Petri «impactan directamente en el derecho de las víctimas, sus familias y la sociedad a conocer la verdad, en el derecho a la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, y en la construcción de la memoria colectiva«.
Organizaciones de derechos humanos y fiscales federales expresaron su preocupación, ya que la desaparición de los ERyA entorpecería las investigaciones judiciales en curso y dificultaría el acceso a la verdad, al dejar en manos de las propias Fuerzas Armadas la tarea de responder a los requerimientos de la justicia.
Petri ha sido cuestionado por sus declaraciones sobre la supuesta «demonización» de los militares y su cercanía con personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, así como por la presencia de retirados en puestos clave del Ministerio de Defensa.
Se realizaron presentaciones judiciales solicitando medidas cautelares para reincorporar a los especialistas despedidos, mientras el fiscal Palazzani le pidió a Petri que se abstenga de tomar medidas que pongan en riesgo el acervo documental sobre los crímenes de la dictadura.
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