Nueva denuncia: Corrupción en PAMI por sobreprecios oftalmológicos para Jubilados
Infórmate en DiarioPampero.com – Una grave acusación de fraude sacude al PAMI tras revelarse que el organismo centralizó la compra de lentes intraoculares para cirugías de cataratas, resultando en costos inflados que superan ampliamente los precios habituales. Según profesionales del sector, el cambio en la modalidad de adquisición generó sobreprecios de hasta siete veces, afectando fondos públicos por más de $80 mil millones en una licitación para doce meses.
La medida, implementada desde agosto mediante una resolución oficial, obligó a los oftalmólogos a depender del suministro directo del PAMI, lo que no solo elevó los gastos sino que también complicó las operaciones quirúrgicas por demoras en la entrega. Denuncias de sindicatos y trabajadores destacan la falta de controles en la gestión actual, sumándose a otras irregularidades que involucran a altos funcionarios. Este caso expone vulnerabilidades en el manejo de recursos destinados a jubilados, mientras se cuestiona la transparencia en contratos millonarios con proveedores específicos.
El escándalo por sobreprecios en el PAMI revela un esquema que perjudica a pacientes y profesionales, con fondos públicos desviados en contratos opacos. Esta investigación periodística expone detalles alarmantes sobre licitaciones que benefician a privados en detrimento del sistema de salud para jubilados, invitando a reflexionar sobre la integridad en la administración estatal y la necesidad de auditorías independientes para restaurar la confianza en instituciones clave.
El PAMI, organismo responsable de la atención médica de millones de jubilados en Argentina, enfrenta una nueva controversia por presuntas irregularidades en la adquisición de insumos médicos. La situación surgió a partir de quejas de oftalmólogos de diversas regiones del país, quienes alertaron sobre un incremento desproporcionado en los costos de lentes intraoculares utilizados en procedimientos para tratar cataratas. Antes de la modificación implementada en agosto, los profesionales adquirían estos materiales de manera independiente y recibían un reintegro de aproximadamente $35 mil por unidad del PAMI, lo que permitía una gestión eficiente y costos controlados.
La resolución 1737/25 cambió este esquema al centralizar las compras en el PAMI, con el argumento de optimizar recursos mediante una licitación masiva. Sin embargo, el contrato resultante, valuado en más de $80 mil millones para un período de doce meses, estableció precios por unidad que oscilan entre $150 mil y $300 mil. Esto representa un aumento de entre cinco y siete veces respecto a los valores que los mismos proveedores cobraban directamente a los médicos. Ejemplos concretos ilustran esta disparidad: un proveedor facturaba lentes a $24.800 por unidad a un profesional, pero al PAMI el mismo producto se elevó a $162.166. Otro caso involucra un insumo cotizado en $28.249 que terminó costando $279.704 al organismo estatal. Un tercero pasó de $32.000 más IVA a $177.939.
Estos sobreprecios no solo implican un gasto excesivo de fondos públicos, sino que también generan interrogantes sobre los criterios de selección en la licitación pública 12/25, que involucra a empresas como Implantec S.A., Visión Médica S.A., MSZ, Centro Óptico Casin y VSA Alta Complejidad. Los profesionales afectados reportaron que el nuevo sistema complica la logística, ya que las entregas no cumplen con los plazos necesarios, lo que obliga a posponer cirugías y afecta la calidad de atención a pacientes de edad avanzada, muchos de ellos en situaciones de vulnerabilidad.
Irregularidades en la gestión del PAMI y sus implicancias
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) respaldó estas denuncias mediante un comunicado oficial, donde su secretario general detalló la magnitud del problema. Señaló que el monto total de la licitación alcanza los $80.730.354.421 y criticó la ausencia de mecanismos de auditoría desde el inicio de la actual administración. Además, se vinculó este caso con prácticas políticas locales, como campañas oftalmológicas en provincias que utilizan recursos públicos para promocionar figuras partidarias, lo que agrava las percepciones de mal uso de fondos.
Este episodio se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos al PAMI, incluyendo acusaciones previas de pedidos irregulares que involucran a familiares de altos funcionarios. La centralización de compras, en teoría destinada a reducir costos mediante economías de escala, ha producido el efecto contrario, sugiriendo posibles fallas en los procesos de contratación o influencias externas. Los trabajadores del sector salud insisten en que la eliminación de controles internos facilita estas anomalías, dejando a los jubilados como los principales perjudicados al ver comprometida su acceso oportuno a tratamientos esenciales.
La Justicia podría intervenir si las denuncias prosperan, exigiendo revisiones de los contratos y análisis de los flujos financieros. Mientras tanto, el debate público se centra en la necesidad de restablecer protocolos de transparencia para prevenir futuros abusos en entidades estatales dedicadas al bienestar social. Este caso subraya la importancia de supervisión rigurosa en el manejo de presupuestos millonarios, especialmente cuando impactan directamente en la salud de la población mayor.
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