Procesan a jefe de seguridad de Nordelta por facilitar fuga en caso de coimas
Infórmate en DiarioPampero.com – La Justicia Federal procesó a Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, por su presunta colaboración en la huida de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, en el marco de una investigación por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). De Vincentis, acusado de desobediencia y encubrimiento, habría demorado a la Policía para permitir la fuga. El caso, que involucra a la familia Kovalivker, destapa un esquema de sobornos y genera revuelo político.
Un procesamiento que sacude Nordelta y pone la lupa en la droguería Suizo Argentina
El jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, enfrenta cargos por desobediencia, obstrucción y encubrimiento tras facilitar la fuga de Jonathan Kovalivker, implicado en un escándalo de coimas. La investigación revela contratos millonarios y evidencia comprometedora.
En un nuevo capítulo de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Ariel De Vincentis, jefe de seguridad del exclusivo barrio cerrado Nordelta. La acusación señala que De Vincentis desempeñó un rol determinante al obstaculizar un operativo policial, permitiendo que Jonathan Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, evadiera un allanamiento en su domicilio.
El caso se centra en un supuesto esquema de sobornos que vincula a la droguería Suizo Argentina con la Andis, a partir de audios filtrados del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo. Según la investigación, la empresa familiar Kovalivker habría gestionado contratos millonarios con el Estado, presuntamente a cambio de pagos irregulares. El procesamiento de De Vincentis marca un punto de inflexión en una causa que combina elementos de corrupción, influencias políticas y maniobras para eludir a la Justicia.
De Vincentis, exagente de la Policía Federal Argentina, habría utilizado su posición para retrasar el ingreso de la Policía de la Ciudad al complejo Nordelta durante un operativo ordenado por el fiscal Franco Picardi. Según el juez Casanello, esta demora permitió que Jonathan Kovalivker abandonara el barrio en un Audi S3 minutos antes de la llegada de los agentes, dejando tras de sí una caja fuerte abierta y rastros de una salida apresurada. En contraste, su hermano Emmanuel Kovalivker fue interceptado mientras intentaba salir del country La Isla con 266.000 dólares y 7.000.000 de pesos en sobres, junto con su celular y pasaporte, que fueron secuestrados.
Pruebas y acusaciones: un modus operandi bajo escrutinio
El procesamiento de De Vincentis se fundamenta en un conjunto de pruebas que incluyen registros de cámaras de seguridad, análisis de sus teléfonos móviles y los tiempos de ingreso y salida del barrio. Estos elementos revelaron una coincidencia entre el momento en que el jefe de seguridad fue notificado del allanamiento y la huida de Kovalivker. Además, el juez destacó un “protocolo no escrito” que evidenciaría un patrón de obstrucción a las fuerzas de seguridad, ya que De Vincentis habría solicitado la intervención de cuatro patrulleros de la Policía Bonaerense bajo el Sandro falso pretexto de un procedimiento irregular.
El acusado, por su parte, argumentó estar de vacaciones durante el operativo y afirmó haber actuado según el protocolo de seguridad al verificar la identidad de los policías. Sin embargo, Casanello consideró que estas acciones buscaban entorpecer la labor policial, lo que derivó en los cargos de desobediencia, obstrucción de un acto funcional y encubrimiento. Además, se impuso un embargo de 2.000.000 de pesos sobre sus bienes.
La causa, que continúa su curso en el partido de Tigre tras la declaración de incompetencia de Casanello, pone en el centro de la escena a la droguería Suizo Argentina, cuyos contratos con el Estado alcanzan los 11.000 millones de pesos. La investigación sigue analizando dispositivos electrónicos y documentos secuestrados, mientras la defensa de los Kovalivker busca anular el caso, alegando que los audios que dieron origen a la pesquisa violan el derecho a la intimidad.
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