Nuevo Protocolo de Piquetes y Cortes: Cambios Impulsados por el Gobierno
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha anunciado la implementación de un nuevo protocolo destinado a regular los piquetes y cortes de calles que llevan a cabo los manifestantes en Argentina. Este protocolo afectará a las fuerzas federales, incluyendo Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, así como al Servicio Penitenciario Federal.
Uno de los principales puntos de este protocolo es la prohibición explícita de cortar calles y quemar neumáticos durante las protestas. Bullrich enfatizó que aquellos que incumplan estas normativas enfrentarán consecuencias definidas. Además, se ha establecido la restricción de la presencia de niños en estas manifestaciones.
Un aspecto relevante es la transferencia del costo de los operativos policiales a los manifestantes en lugar de que sean cubiertos por el Estado. Bullrich afirmó enfáticamente que «las calles no se toman» y advirtió sobre las consecuencias que acarreará la toma de vías públicas. Durante el anuncio, la ministra hizo hincapié en la necesidad de trasladar las protestas a las veredas, citando la importancia de liberar a los ciudadanos de la presión y la extorsión que podrían generar estos actos.
«Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay progreso», declaró Bullrich al presentar este nuevo protocolo, enfatizando la necesidad de cumplir con la ley. Citó al presidente y señaló que aquellos que infrinjan las normativas establecidas serán responsables por sus acciones. Bullrich argumentó la importancia de poner fin a un periodo de desorden que ha impactado negativamente en la movilidad de las personas, causando pérdidas de horas laborales, ausentismo, y obstaculizando la llegada oportuna de servicios de emergencia como ambulancias.
Este protocolo se enmarca dentro de los esfuerzos gubernamentales por organizar y regular las manifestaciones públicas, buscando salvaguardar tanto la libre expresión como el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de los ciudadanos.
Punto por punto, las medidas que anunció este jueves el Gobierno son:
Las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos totales o parciales de acuerdo a los códigos vigentes: si hay un delito en flagrancia, podrán intervenir de manera inmediata. “Toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas, no queremos cortes de calles y de rutas”, dijo Bullrich.
La PFA, PSA, Gendarmería, Prefectura y SPF actuarán en las zonas federales y esto llevará a que las fuerzas provinciales lo hagan en su zona de competencia. “Veremos qué hacemos con una fuerza que no quiere actuar: habrá consecuencias”, anunció la ministra de Seguridad. También detalló que no se permitirá en las protestas que se hagan en estaciones de trenes ni “palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”.
“No vamos a cortar la peregrinación a Luján. Habrá excepciones que tienen que ver con eventos religiosos o deportivos, como maratones, pero esas son cuestiones de los distritos, que nada tiene que ver con lo federal”, explicó la ministra. Pero sí deberán pedir permiso a la autoridad competente.
La funcionaria anunció que los agentes, prefectos o gendarmes “emplearán la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia”.
También serán identificados los autores, partícipes, cómplices o instigadores que participen de marchas y piquetes y sus datos se enviarán a la autoridad competente. Lo mismo con los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o no tengan la documentación. Y se creará un registro de las organizaciones.
“Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental. Algo que sucede es la quema de cubiertas, que genera una situación dañina al ambiente y a la gente”, subrayó la funcionaria.
Sin bebés, niños ni adolescentes. “Se va a pedir a las madres que no lleven más a los chicos a las manifestaciones porque habrá consecuencias. El primer responsable del niño es el papá o la mamá que lo lleva. No se actúa de la misma manera frente a niños, ancianos y embarazadas, pero no queremos que usen a los niños como escudos”, sostuvo.
Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad serán a cuenta de las organizaciones o los individuos responsables. “El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad”, expresó.
En caso de los extranjeros con residencia provisoria, intervendrá la Dirección Nacional de Migraciones.
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