Nuevo proyecto de ley busca controlar el propofol y sancionar a clínicas que no denuncien robos
Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional exige estrictos controles sobre el propofol, un potente anestésico hospitalario. La iniciativa surge tras múltiples muertes por sobredosis en fiestas privadas y el desvío sistemático de insumos médicos. El texto obliga a las instituciones de salud a reportar de manera inmediata cualquier faltante o sustracción de la sustancia. Quienes oculten estos delitos enfrentarán severas sanciones penales y multas económicas de gran magnitud.
Infórmate en DiarioPampero.com – Legisladores nacionales impulsan una normativa para catalogar el propofol como un medicamento de alto riesgo bajo la órbita de la ANMAT. La ley intenta detener el robo de esta sustancia sin antídoto en centros médicos, obligando a un resguardo bajo llave y restringiendo el acceso solo a personal autorizado. El plan nace por el escándalo de las fiestas clandestinas y el deceso de un profesional médico, episodios que desnudaron la ausencia de auditorías internas.
La falta de protocolos estandarizados para reportar faltantes y roturas de ampollas ha facilitado un mercado negro del fármaco. Frente a una muy grave situación sanitaria, la Cámara de Diputados debatirá un expediente que busca imponer severas penas, inclusive a funcionarios, e instaurar un registro obligatorio con el objetivo de prevenir más fallecimientos vinculados a consumos no supervisados.
En respuesta a los recientes y trágicos episodios asociados al uso indebido de insumos médicos, un grupo de legisladores encabezado por la diputada nacional Silvana Giudici ha impulsado un proyecto en el Congreso de la Nación. El expediente 1687-D-2026, acompañado por otros veintiséis representantes de diferentes bloques, propone un marco normativo riguroso para regular el propofol. Este anestésico intravenoso, de uso netamente hospitalario, presenta un riesgo mayúsculo debido a la ausencia de un compuesto capaz de revertir sus efectos ante una sobredosis, diferenciándose así de otros agentes de alto perfil en la actualidad.
La urgencia de esta medida quedó en evidencia tras la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocurrida el 20 de febrero de 2026. El hombre fue hallado sin vida en su domicilio con una vía intravenosa y drogas de uso exclusivo médico. La pesquisa judicial rastreó el origen de estas sustancias hasta el Hospital Italiano, a pesar de que el fallecido no formaba parte de su plantel. Las investigaciones posteriores señalaron a dos profesionales de esa institución, Hernán Boveri y Delfina Lanusse, como presuntos responsables de desviar los suministros. Este caso destapó además la existencia de reuniones clandestinas conocidas como «Propo Fest», donde profesionales de la salud presuntamente consumían estas sustancias con fines recreativos.
En la actualidad, la administración de la droga evidencia vacíos normativos considerables. Las roturas, descartes o sobrantes en los hospitales no se reportan bajo parámetros unificados, lo que entorpece las auditorías y permite que el robo pase desapercibido. Por esta razón, el proyecto busca incluir al fármaco en el listado de Medicamentos de Alto Riesgo (MER) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), imponiendo la notificación inmediata ante cualquier irregularidad en el inventario.
Nuevas exigencias hospitalarias y sanciones penales ante el desvío sistemático
De aprobarse la iniciativa, los establecimientos públicos y privados estarán obligados a implementar un almacenamiento bajo llave y sistemas de seguridad automatizados. Las ampollas, en áreas como quirófanos y terapias intensivas, únicamente podrán guardarse en carros de anestesia con cierres herméticos. El acceso quedará restringido a las jefaturas de farmacia o anestesiología, eliminando la disponibilidad libre que facilita las sustracciones irregulares.
El incumplimiento de estas normas conllevará severas consecuencias. La legislación prevé sanciones que alcanzan el ámbito penal, aplicando los artículos 200, 249 y 277 del Código Penal para funcionarios públicos que omitan los controles correspondientes. Además, se agravarán las responsabilidades si se comprueba una intención deliberada de ocultar el desvío de los materiales. Estas directrices se alinean con las recomendaciones internacionales para la protección de los pacientes.
El debate parlamentario, que iniciará en la Comisión de Salud de la Cámara Baja, cuenta con el respaldo de representantes como Nicolás Mayoraz, Alejandro Fargosi, Patricia Holzman y Rocío Bonacci. Los legisladores recuerdan también episodios fatales previos, como el acontecido en Palermo con un exempleado de un nosocomio entrerriano, vinculado a lotes prohibidos por la autoridad sanitaria. Todo este entramado de deficiencias pretende ser subsanado mediante un control que garantice la trazabilidad absoluta de un medicamento indispensable pero letal si se administra fuera de la supervisión adecuada.
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