Patricia Bullrich habilita el «ciber patrullaje» federal: LOS RIEGOS

A través de una polémica resolución, el Ministerio de Seguridad habilitó a las fuerzas federales a realizar tareas «preventivas» en el ciberespacio. Si bien la medida apunta a combatir delitos graves, existen serios riesgos y la necesidad de establecer controles estrictos para evitar abusos y violaciones a los derechos individuales.

La ministra Patricia Bullrich oficializó este martes una controvertida medida que permite a las fuerzas policiales y de seguridad federales llevar a cabo labores de «prevención» en el ámbito digital. La Resolución 428/2024 establece pautas y lineamientos para el denominado «ciberpatrullaje», que según las autoridades, busca prevenir delitos como la venta de drogas, armas, objetos robados, violencia de género, pornografía infantil, trata de personas, entre otros.

Alcance del monitoreo en línea

De acuerdo con el texto oficial, las tareas preventivas se realizarán únicamente en «sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas», sin violar el derecho a la intimidad de las personas, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales. No obstante, la resolución deja abierta la posibilidad de utilizar tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, sistemas de aprendizaje automático y redes neuronales, bajo supervisión del Ministerio de Seguridad.

Riesgos y necesidad de controles

Si bien la intención declarada es prevenir delitos graves, esta medida conlleva riesgos significativos si no se implementa con los debidos controles y salvaguardas. Entre los principales riesgos se encuentran la violación de la privacidad y derechos individuales, el uso indebido de datos personales, la falta de transparencia y rendición de cuentas, errores e imprecisiones en la recopilación de datos, la vulneración de la libertad de expresión en línea y la posible escalada de medidas de vigilancia masiva.

Es fundamental que el «ciberpatrullaje» esté sujeto a estrictos controles, supervisión independiente, transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, es crucial garantizar que se respeten los derechos fundamentales, como la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso legal.

Aquí una enumeración de riesgos de la implementación de este sistema:

Violación de la privacidad y derechos individuales: Existe el riesgo de que las fuerzas de seguridad excedan sus facultades y realicen vigilancia indebida sobre ciudadanos, accediendo a información privada sin la debida autorización judicial.
Uso indebido de datos personales: La recopilación y almacenamiento de datos personales en el ciberespacio podría ser utilizada para fines distintos a la prevención del delito, como la vigilancia política, la discriminación o la persecución de grupos específicos.
Falta de transparencia y rendición de cuentas: Sin mecanismos de supervisión y control externos adecuados, existe el riesgo de que las actividades de ciberpatrullaje se realicen de manera opaca y sin rendición de cuentas, lo que podría conducir a abusos de poder y violaciones de derechos.
Errores e imprecisiones en la recopilación de datos: Las técnicas de monitoreo en línea pueden ser imprecisas y conducir a la identificación errónea de personas o actividades, lo que podría resultar en investigaciones injustificadas y violaciones de derechos.
Vulneración de la libertad de expresión en línea: Dependiendo de cómo se implemente, el ciberpatrullaje podría tener un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión en línea, ya que los ciudadanos podrían autocensurarse por temor a ser objeto de vigilancia indebida.
Escalada de medidas de vigilancia masiva: Una vez implementada esta medida, existe el riesgo de que se amplíe progresivamente el alcance y los métodos de vigilancia en línea, lo que podría conducir a una erosión continua de los derechos y libertades individuales.

La resolución establece lineamientos generales, pero los detalles específicos sobre los mecanismos de control y supervisión aún no están claros. Organizaciones de derechos humanos y expertos en privacidad digital han expresado su preocupación por las implicaciones de esta medida y la necesidad de establecer salvaguardas sólidas para evitar abusos y violaciones a los derechos individuales.