Gremios docentes cuestionan el protocolo porteño que obliga a denunciar posibles delitos cometidos por estudiantes
El Ministerio de Educación porteño difundió un protocolo que indica denunciar hechos que pudieran constituir delitos en las escuelas. Los gremios docentes cuestionaron la medida, advirtieron por la estigmatización de adolescentes y reclamaron respuestas estatales basadas en la prevención y el acompañamiento.
Infórmate en DiarioPampero.com – El documento fue enviado a familias de la comunidad educativa y vincula situaciones de violencia escolar con la intervención de organismos públicos o de la Justicia.
El Gobierno porteño difundió un nuevo protocolo que establece que las autoridades escolares deben realizar la denuncia correspondiente cuando tomen conocimiento de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública. La medida alcanza a las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires.
El documento fue firmado por la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, y por Victoria Morales Gorleri, presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad. Según el correo enviado a las familias, el protocolo se vincula con la entrada en vigencia del Nuevo Régimen Penal Juvenil.
La disposición menciona conflictos entre pares, amenazas, hostigamiento, violencia, daños y determinadas acciones en entornos digitales que, por sus características o gravedad, podrían exceder el ámbito de la convivencia escolar. Los sindicatos docentes rechazaron que las escuelas funcionen como puerta de entrada al sistema penal.
Reclamo de los sindicatos docentes
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) expresaron su rechazo al protocolo y señalaron que su implementación profundiza una política de control y vigilancia sobre adolescentes y jóvenes. El gremio sostuvo que deberían priorizarse políticas de cuidado, prevención y acompañamiento.
En un comunicado, la organización cuestionó que las escuelas se conviertan en “puertas de entrada al sistema penal” y advirtió sobre el riesgo de estigmatización y criminalización de niñas, niños y adolescentes. También rechazó las iniciativas orientadas a reducir la edad de responsabilidad penal a los 14 años.
La Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS) también criticó la medida. Federico Puy, secretario adjunto del sindicato, sostuvo que el objetivo sería transformar a las escuelas en una “antesala de las cárceles” y calificó la iniciativa como una persecución a los jóvenes.
Las críticas sindicales se inscriben en el debate generado por el Nuevo Régimen Penal Juvenil, mencionado por el propio Ministerio de Educación porteño en el mensaje enviado a la comunidad educativa. De acuerdo con ese texto, la normativa establece responsabilidad penal desde los 14 años ante hechos que constituyan delitos.
El protocolo deja en manos de las conducciones escolares la evaluación inicial de situaciones que podrían tener relevancia penal. Los gremios cuestionaron esa responsabilidad y advirtieron que conflictos de convivencia, protestas o intercambios entre estudiantes y docentes podrían ser interpretados de manera errónea.
Las organizaciones docentes plantearon que las situaciones de violencia o posibles delitos dentro de establecimientos educativos requieren respuestas integrales del Estado. En ese sentido, reclamaron fortalecer las políticas sociales, educativas y comunitarias, especialmente en los territorios atravesados por mayores desigualdades.
La UTE pidió al Ministerio de Educación porteño que garantice equipos especializados, formación y recursos para abordar conflictos sin convertir a las escuelas en vías de ingreso al sistema penal. El gremio también atribuyó responsabilidad política a Jorge Macri y Mercedes Miguel por las políticas implementadas.
El reclamo incluye medidas de inclusión y protección vinculadas con la educación, la salud, la vivienda y el trabajo. Los sindicatos sostienen que esas políticas son necesarias para prevenir las violencias y evitar respuestas centradas únicamente en la denuncia y la intervención judicial.
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