Rechazo al decreto que impulsa transferir rutas nacionales a provincias y habilita peajes directos sin respaldo legal
El CONADUV cuestiona el decreto del Ejecutivo por considerar que viola la Constitución, impone cargas sin ley y compromete la infraestructura vial y la economía del país, al trasladar responsabilidades sin financiamiento adecuado ni garantías de servicio para los usuarios.
Infórmate en DiarioPampero.com – El CONADUV expresó un rechazo categórico al Decreto 253/72026, que propone transferir rutas nacionales a provincias y habilitar peajes directos. La entidad sostiene que la medida carece de sustento legal, vulnera la Constitución y afecta el federalismo. Además, advierte sobre impactos negativos en la producción, la seguridad vial y el derecho a circular libremente en todo el territorio argentino.
El Decreto 253/72026 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado recientemente en el Boletín Oficial, establece la provincialización de rutas nacionales y habilita su financiamiento mediante el sistema de peaje directo. La medida generó un fuerte rechazo por parte del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), que advierte sobre su falta de sustento jurídico y sus posibles consecuencias económicas y sociales.
Desde la entidad señalan que el decreto no cuenta con una ley formal que lo respalde, tal como lo exige el artículo 75 de la Constitución Nacional. También remarcan que no se contempló una transferencia presupuestaria, condición necesaria para cualquier proceso de descentralización de competencias. En este marco, sostienen que la iniciativa vulnera principios de legalidad, razonabilidad y federalismo.
Además, cuestionan el rol del Estado Nacional en el mantenimiento de la red vial, al considerar inadmisible el abandono de esta responsabilidad. Subrayan que los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles, destinados originalmente a la infraestructura vial, no se aplican a ese fin.
Cuestionamientos constitucionales y efectos económicos
El CONADUV advierte que el decreto incurre en una violación del principio de legalidad tributaria, ya que establece una carga económica obligatoria sin intervención del Congreso. Recuerdan que la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que no puede existir tributo sin ley, y que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para crearlos.
En relación al peaje, indican que solo puede considerarse una tasa si existe una contraprestación efectiva y proporcional. Sin embargo, aseguran que en este caso no hay garantías de servicio, lo que transforma al cobro en un impuesto encubierto.
También se plantea una afectación al sistema federal, ya que las rutas nacionales son bienes del Estado federal y su transferencia requiere una ley específica y la asignación de recursos. La falta de financiamiento, según el organismo, implica trasladar responsabilidades a las provincias de manera arbitraria.
El análisis incluye además la violación del principio de razonabilidad, contemplado en el artículo 28 de la Constitución. Se cuestiona la superposición de cargas, al combinar el impuesto a los combustibles con el cobro de peajes, lo que configura una doble imposición.
Otro punto central es la afectación de derechos constitucionales, como el de transitar libremente y el de propiedad. El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada es considerado una restricción ilegítima.
Desde el CONADUV también advierten sobre las consecuencias prácticas de la medida. Señalan que la transferencia de rutas a provincias o al sector privado puede impactar negativamente en la seguridad vial, la logística productiva y las economías regionales. A su vez, sostienen que el sistema de peajes directos limita la competitividad y dificulta el acceso a los mercados.
Frente a este escenario, la entidad propone la elaboración de un proyecto vial integral que abarque toda la red caminera, con financiamiento proveniente del impuesto a los combustibles destinado exclusivamente a su finalidad original. Asimismo, plantea la necesidad de fortalecer la Dirección Nacional de Vialidad y avanzar hacia un sistema de transporte multimodal que integre rutas, ferrocarriles y vías fluviales.
Finalmente, el CONADUV exhorta a autoridades nacionales, provinciales y municipales a cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional, al sostener que sin alternativas libres de pago, el sistema de peajes vulnera el derecho a la libre circulación en el país.
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