El Gobierno reglamentó la primera parte de la Ley Bases: privatizaciones, empleo público y administración
El Gobierno de Javier Milei avanza en una profunda reforma del Estado con la reglamentación de la Ley Bases. Se concretarán privatizaciones de empresas públicas y se implementarán cambios significativos en el empleo estatal, incluyendo un nuevo sistema de ingreso y despidos.
A casi un mes de la promulgación de la Ley Bases, el gobierno de Javier Milei ha reglamentado la primera parte de esta normativa mediante el Decreto 695/2024. Esta acción, publicada en el Boletín Oficial, contó con las firmas del presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, y el ministro de Economía Luis Caputo.
En esta primera fase, el Gobierno abordó el Título II de la ley, que incluye la privatización de empresas públicas, una profunda reestructuración del sistema de empleo público y cambios en los procesos administrativos. Entre las empresas a privatizar se encuentran Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
La normativa establece que el ministro o secretario correspondiente deberá presentar un informe detallado al Poder Ejecutivo con propuestas concretas sobre el procedimiento y modalidad de privatización, incluyendo si será total o parcial, las alternativas de procedimiento, y los plazos estimados. Este informe también se enviará a la Comisión Bicameral del Congreso.
Empleo público y nuevas regulaciones
La reforma también introduce un nuevo sistema para el ingreso al empleo público. A partir de ahora, se requerirá una «Evaluación General de conocimientos y competencias» para trabajar en el Estado. Además, los nuevos empleados deberán presentar una declaración jurada patrimonial y acreditar un certificado de aptitud psicofísica.
El Gobierno de Milei ya ha desvinculado a más de 20 mil trabajadores desde que asumió el 10 de diciembre pasado. La normativa también permite las contrataciones ad honorem para servicios de asesoramiento, sin compensación económica, salvo por reembolsos de gastos.
Estos cambios reflejan el enfoque del Gobierno hacia una administración más privada y eficiente, con una fuerte apuesta por la reducción del aparato estatal y la transferencia de servicios públicos al sector privado. La implementación de la Ley Bases marcará un antes y un después en la estructura administrativa y económica del país.
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