Prisión preventiva para dos mujeres acusadas de intentar matar a la hermana del intendente de Rincón
La Justicia de Santa Fe ordenó la detención sin plazos de dos jóvenes imputadas por el ataque con arma de fuego contra la hermana de Andrés Soperez, intendente de San José del Rincón. El juez José Luis García Troiano avaló la solicitud del fiscal tras evaluar la gravedad de las heridas en el rostro y brazo de la víctima. El caso destapa una trama de violencia que incluye denuncias cruzadas y supuestas órdenes directas del jefe comunal hacia los agresores para amedrentar a su familiar.
Infórmate en DiarioPampero.com – El juez José Luis García Troiano ordenó la prisión preventiva de dos mujeres acusadas de intentar asesinar a la hermana del intendente de San José del Rincón. El ataque incluyó disparos en el rostro y una golpiza posterior. La víctima, quien ya había sufrido agresiones previas, vinculó los hechos a un conflicto con el mandatario Andrés Soperez. La fiscalía desestimó las versiones de la defensa y confirmó la calificación de tentativa de homicidio calificado por uso de arma.
El Juzgado de la Investigación Penal Preparatoria de Santa Fe, a cargo del magistrado José Luis García Troiano, dictó la prisión preventiva para dos mujeres de 22 y 24 años, acusadas de ser las autoras materiales de un intento de homicidio contra la hermana del actual intendente de la localidad de San José del Rincón. La medida cautelar se resolvió tras la audiencia en la que el fiscal Andrés Marchi presentó elementos probatorios contundentes que vinculan a las imputadas con el ataque perpetrado a finales de enero, desestimando las solicitudes de la defensa para transitar el proceso en libertad.
Según consta en el expediente judicial, el episodio de mayor gravedad ocurrió la noche del lunes 26 de enero, minutos antes de las 23:00 horas. Las acusadas se personaron en el domicilio particular de la víctima y comenzaron a proferir insultos y amenazas de muerte desde la vía pública. La situación escaló drásticamente cuando la mujer abrió la puerta de su vivienda; en ese instante, la imputada identificada como C.M.M., de 22 años, habría efectuado disparos con un arma de fuego, impactando dos proyectiles en el rostro y en uno de los brazos de la hermana del funcionario.
La violencia no cesó con las detonaciones. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, tras los disparos, ambas agresoras continuaron el ataque físico propinando patadas y golpes a la víctima, quien ya se encontraba herida. La agresión solo se detuvo ante la intervención de la pareja de la damnificada, momento que las atacantes aprovecharon para darse a la fuga a bordo de una motocicleta. La calificación legal impuesta es tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, un delito que prevé penas de cumplimiento efectivo, lo que fundamentó la decisión del juez de mantenerlas privadas de su libertad para asegurar el desarrollo de la investigación.
Un trasfondo de conflicto familiar y denuncias contra el intendente Andrés Soperez
Este suceso violento no sería un hecho aislado, sino parte de una secuencia de agresiones que la víctima ha sufrido en las últimas semanas. El pasado 10 de febrero, la mujer denunció un segundo ataque en su domicilio, esta vez perpetrado por un hombre de 30 años que ingresó violentamente y atacó con un palo tanto a ella como a su padre, un hombre de 60 años. En su declaración ante la Justicia, la hermana del intendente reveló un detalle inquietante: el agresor habría manifestado actuar bajo órdenes directas de Andrés Soperez con el objetivo de silenciarla, afirmación que, según la denunciante, fue escuchada por testigos presenciales.
La denunciante expresó su disconformidad y sorpresa ante las acciones legales emprendidas por su propio hermano. Confirmó que el intendente Soperez solicitó una medida de restricción perimetral en su contra, lo cual le impide acercarse a determinados lugares, incluida la institución educativa a la que asisten sus hijos. La mujer calificó esta medida de ilógica, argumentando que jamás hostigó ni atacó al funcionario y que, como empleada municipal con más de dos décadas de antigüedad, estas restricciones infundadas afectan su vida laboral y personal.
Por último, la víctima refutó las estrategias de la defensa de las agresoras, quienes intentaron vincular el conflicto con supuestos problemas relacionados con el hijo de la denunciante. Ella fue categórica al aclarar que su hijo reside fuera del país y no tiene vínculo alguno con los hechos. Además, cuestionó el accionar de ciertos funcionarios y procedimientos policiales en la Comisaría 14, sugiriendo posibles irregularidades y abusos de autoridad en la gestión de las denuncias en su contra, exigiendo que cualquier acusación sea respaldada con pruebas concretas.
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