El proyecto modifica internaciones, adicciones y equipos médicos
El Senado aprobó un proyecto que modifica la ley de salud mental y lo giró a Diputados. La iniciativa cambia criterios para internaciones involuntarias, amplía el concepto de adicciones y redefine la participación de psiquiatras y psicólogos en equipos interdisciplinarios.
Infórmate en DiarioPampero.com – La propuesta también contempla atención ambulatoria y domiciliaria, apoyos comunitarios, derechos para niños y adolescentes y precisiones sobre el financiamiento federal.
Los cambios en la ley de salud mental fueron aprobados durante la madrugada por la Cámara alta con 42 votos a favor y 21 en contra. El proyecto, que busca reemplazar distintos criterios de la norma vigente desde 2010, continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Entre los principales puntos se encuentran nuevas reglas para las internaciones involuntarias, una definición más amplia de las adicciones y modificaciones en la integración de los equipos responsables de evaluar cada situación. El texto prioriza la intervención de psiquiatras, aunque incorpora la participación de psicólogos en grupos interdisciplinarios.
Durante el debate, legisladores oficialistas y opositores plantearon diferencias sobre la falta de recursos, el financiamiento y la aplicación territorial de la normativa. La discusión también incluyó la situación de las familias y de los sistemas de atención en localidades con menor disponibilidad de profesionales especializados.
Los principales cambios
El proyecto reemplaza la exigencia de que una internación sea definida exclusivamente por un psiquiatra. En su lugar, podría intervenir un médico o un profesional con formación en salud mental, con preferencia por la especialidad de psiquiatría, junto con otro firmante cuya participación apunta a incluir a un psicólogo.
La iniciativa establece que ese segundo profesional tendrá participación en la evaluación y en una eventual alta. Según el material parlamentario citado en el debate, se eliminó la expresión “preferentemente” en ese punto para evitar interpretaciones y porque no existe un reemplazo equivalente para esa profesión.
Las negociaciones también alcanzaron el financiamiento y la relación entre el Gobierno nacional y las provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud. El texto incorpora de manera más explícita el financiamiento federal y habilita la teleconsulta en zonas donde exista menor presencia de personal especializado.
En materia de adicciones, la propuesta amplía el concepto para incluir situaciones como la ludopatía. Además, delimita la intervención de familiares en representación de pacientes y mantiene la participación de representantes legales, cónyuges y convivientes.
Cuando no aparezcan responsables familiares, el Estado deberá garantizar apoyos y dispositivos comunitarios. El proyecto también prohíbe las prácticas manicomiales e incorpora un plan de egreso con objetivos y seguimiento, junto con directivas anticipadas para la prevención y el tratamiento en salud mental.
Para niños y adolescentes, el texto prevé equipos y dispositivos diferenciados de los destinados a adultos. También incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchados y la confidencialidad. La internación en unidades para adultos quedaría limitada a casos en los que exista una imposibilidad acreditada y por el tiempo mínimo indispensable.
El catálogo de alternativas incluye atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. Asimismo, se reconoce el derecho a consentir o rechazar tratamientos de manera anticipada y a designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo, salvo situaciones de riesgo grave para la vida.
Durante la sesión, la presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta, defendió la reforma y cuestionó los resultados de la normativa vigente. Otros senadores, entre ellos Guillermo Andrada, Carlos Arce, Silvana Schneider, Belén Monte de Oca, Gerardo Zamora y Lucía Corpacci, expresaron reparos vinculados con los recursos, la implementación y el enfoque del proyecto.
Patricia Bullrich sostuvo que psiquiatras y psicólogos cumplen funciones necesarias y afirmó que el sistema actual presenta dificultades para actuar ante situaciones que pueden derivar en muertes o violencia familiar. Tras la aprobación en general, el proyecto quedó formalmente remitido a la Cámara de Diputados.
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