Siguen la baja de pensiones: se suspendieron 90 mil en un acto cruel por «errores» en domicilios
Conocé más en DiarioPampero.com – La auditoría de pensiones por discapacidad del Gobierno de Milei, cuestionada por el diputado Daniel Arroyo, dejó a 90.000 personas sin beneficios por «errores» en notificaciones domiciliarias. Organizaciones denuncian violaciones a derechos humanos y exigen revisar un proceso que castiga a los más vulnerables, mientras el legislador pide insistir en la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Arroyo denuncia un proceso que castiga a personas con discapacidad por errores administrativos
El diputado nacional Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, ha alzado su voz contra la auditoría masiva de pensiones no contributivas por discapacidad impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Este proceso, que buscaba identificar irregularidades en cerca de un millón de beneficios, ha derivado en la suspensión de 110.000 pensiones hasta agosto de 2025, de las cuales 90.000 se deben a problemas con notificaciones enviadas a domicilios desactualizados. Arroyo califica esta situación como un “acto cruel” que afecta a las personas más vulnerables, evidenciando una gestión ineficiente y carente de sensibilidad.
La auditoría, iniciada en 2024 por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pretendía corregir supuestos fraudes en el sistema de pensiones por invalidez laboral, que según el Gobierno representarían pérdidas millonarias. Para ello, se enviaron cerca de un millón de cartas documento convocando a beneficiarios a revisiones médicas. Sin embargo, la falta de actualización de datos llevó a que el 40% de estas notificaciones no llegaran a sus destinatarios, resultando en bajas automáticas que han dejado a miles sin su principal fuente de ingresos. Este error administrativo ha impactado especialmente a personas con discapacidades permanentes o congénitas, quienes enfrentan ahora una situación de extrema precariedad.
Un costo millonario y un impacto social devastador
El proceso no solo ha sido criticado por sus resultados, sino también por su elevado costo y deficiente ejecución. El Gobierno destinó aproximadamente 14.000 millones de pesos a empresas privadas, como Andreani, para el envío de las cartas documento, pero la mitad de estas no llegó a destino. Arroyo ha señalado que, en lugar de enviar notificaciones masivas sin verificar datos, las autoridades podrían haber cruzado información con bases públicas, como el Registro Civil, para garantizar un procedimiento más preciso y menos perjudicial.
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) han denunciado que la auditoría vulnera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las extensas colas para revisiones médicas y la exigencia de nuevos estudios, incluso para casos de discapacidades irreversibles, han sido calificadas como una forma de revictimización. Estas entidades advierten que las suspensiones masivas agravan la situación de un sector ya marginado, privándolo de derechos fundamentales.
Un veto presidencial y la lucha por una ley de emergencia
En el centro de la controversia, Arroyo ha redoblado sus esfuerzos para revertir el veto del presidente Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, rechazada en 2025. Esta normativa buscaba proteger la continuidad de las pensiones y establecer criterios claros para las auditorías, evitando bajas arbitrarias. El legislador, presidente de la Comisión de Discapacidad en Diputados, ha insistido en que el Congreso debe avanzar en su aprobación para responder a las necesidades de un colectivo duramente afectado.
En declaraciones a medios como Infobae y En Orsai durante agosto de 2025, Arroyo señaló que “enviar 400.000 cartas documento a ciegas” y no cruzar datos entre bases públicas generó un caos que dejó a miles sin amparo. En un post en X el 3 de septiembre, afirmó: “De las 110 mil bajas de pensiones, 90 mil se deben a problemas de domicilio”, acompañando su mensaje con un video que detalla la magnitud de los errores. Sus críticas, consistentes en diversos medios, reflejan un compromiso con visibilizar el impacto de una política que, según él, parece diseñada para recortar beneficios en lugar de corregir irregularidades.
Mientras el Gobierno defiende la auditoría como una medida necesaria para transparentar el sistema, las voces opositoras, encabezadas por Arroyo, exigen un enfoque más humano y eficiente. La controversia pone en evidencia la necesidad de políticas públicas que prioricen los derechos de las personas con discapacidad, evitando que errores administrativos se traduzcan en una pérdida de derechos esenciales.
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