Los estatales en la mira: incertidumbre entre los empleados públicos ante la evaluación de idoneidad
El gobierno de Javier Milei anunció un proceso de evaluación de la idoneidad de los trabajadores estatales, una medida que ha despertado preocupación por el futuro de más de 40 mil empleados. Aunque inicialmente afectará a los contratados, la sombra del achicamiento del Estado se extiende sobre todos los sectores del empleo público, incluso los de planta permanente.
En el marco de su promesa de «transformación del Estado«, el gobierno de Milei ha dado un paso más hacia la reducción de la estructura estatal. La novedad fue anunciada por el vocero presidencial, quien confirmó que en diciembre comenzará un proceso de evaluación de idoneidad para los trabajadores estatales, con un primer grupo de 40 mil empleados cuyos contratos vencen a fin de año. Aunque el vocero aseguró que la medida no afectará de momento a los trabajadores de planta permanente, las declaraciones han encendido las alarmas en todos los sectores del empleo público.
Achicamiento del Estado bajo el concepto de “idoneidad”
La reducción del Estado ha sido uno de los objetivos centrales del gobierno desde la llegada de Milei al poder. Bajo el argumento de alcanzar el equilibrio fiscal, el Ejecutivo comenzó una serie de despidos y cierres en distintos organismos públicos. Este nuevo anuncio presentado como «evaluación de idoneidad», parece ser un paso más en la misma dirección.
Si bien la medida se presenta como una instancia objetiva, lo cierto es que se desconocen los criterios que se aplicarán para definir quién es «idóneo» y quién no, así como también quiénes estarán a cargo de realizar las evaluaciones.
Además, los sindicatos y los propios empleados estatales cuestionan la falta de transparencia del proceso. Aún no se sabe cuál será el impacto social de esta evaluación masiva, ni cómo afectará a los trabajadores que, más allá de su condición contractual, ven amenazada su estabilidad laboral. Hasta el momento, el vocero se limitó a decir que la evaluación será un «requisito necesario pero no suficiente«, lo que genera más incertidumbre.
El riesgo para los empleados de planta permanente
A pesar de que el gobierno ha intentado calmar las aguas al afirmar que esta medida no afectará de inmediato a los trabajadores de planta permanente, la sensación de inseguridad persiste. Los empleados de carrera temen que este sea solo el primer paso hacia una reestructuración más profunda que podría poner en riesgo sus propios puestos. La «idoneidad», que aún no tiene criterios claros, parece ser el nuevo eje sobre el cual se justifica el achicamiento del Estado.
El impacto social de estas decisiones aún está por verse, pero los primeros indicios no son alentadores. La falta de diálogo con los sectores involucrados y la implementación de medidas que afectan a miles de familias alimentan la tensión en un país que ya enfrenta una crisis socio económica profunda.
El temor por el futuro laboral de miles de trabajadores estatales es palpable, y los sindicatos advierten que una ola de despidos masivos podría tener consecuencias devastadoras para el tejido social.
Con la Reforma del Estado avanzando en la agenda gubernamental, el destino de miles de trabajadores estatales pende de un hilo, mientras el gobierno avanza, con escasos detalles y sin claridad, hacia la concreción de su plan de ajuste.
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