Universidades nacionales ratifican paro de una semana y marchan a Educación por salarios y presupuesto 2026
La comunidad académica nacional profundiza las medidas de fuerza con una huelga de seis días ante la falta de respuestas del Ejecutivo. El reclamo central exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y la recomposición de los haberes frente a la inflación. Además, advierten sobre el vaciamiento de las cátedras y anticipan un escenario de conflicto extendido para el próximo ciclo lectivo si no se modifican las partidas presupuestarias proyectadas para el año entrante.
Infórmate en DiarioPampero.com – Los gremios universitarios iniciaron un paro de una semana exigiendo la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. La medida incluye una marcha a la Secretaría de Educación este martes. Desde CONADU y AGD UBA denuncian sueldos de pobreza y un éxodo de diez mil docentes. Reclaman el pago del 43,95% adeudado y un bono de fin de año, advirtiendo que el Presupuesto 2026 profundizará la crisis del sistema si el Gobierno no ofrece soluciones inmediatas.
El conflicto entre las casas de altos estudios y el Gobierno nacional ha escalado nuevamente con el inicio de una semana de cese de actividades que abarca a todo el sistema universitario federal. La decisión fue tomada tras un plenario de secretarías generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), donde se resolvió llevar adelante medidas de fuerza contundentes desde el lunes 1 hasta el sábado 6 de diciembre inclusive. Esta acción gremial responde a la persistente falta de actualización en los haberes del sector y a las proyecciones financieras que el Ejecutivo ha diseñado para el año 2026, las cuales son consideradas insuficientes por la comunidad educativa.
Dentro del plan de lucha estipulado, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA) ha convocado a una jornada de protesta específica para este martes 2 de diciembre, denominada «Recibazo». La actividad central consistirá en una movilización hacia la sede de la Secretaría de Educación, programada para las 15:30 horas. El objetivo de esta marcha es visibilizar el reclamo en las puertas mismas de la cartera educativa, exigiendo una respuesta inmediata ante lo que consideran una situación de emergencia salarial que atraviesa a todos los niveles del escalafón docente.
El núcleo de la demanda se sustenta en un cálculo preciso realizado por los sindicatos: el atraso en los sueldos alcanza un 43,95%. Esta cifra surge de la brecha existente entre los incrementos otorgados unilateralmente por la administración central y la inflación acumulada en el mismo período. Los representantes gremiales recuerdan que este porcentaje de recomposición estaba contemplado en la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Nación y ratificada tras el veto presidencial de Javier Milei, pero que el Poder Ejecutivo aún no ha implementado en la práctica, manteniendo congelados los recursos.
La profunda preocupación gremial por el vaciamiento de las plantas docentes debido a los bajos salarios y la exigencia de un bono de fin de año ante un escenario presupuestario adverso que amenaza la continuidad académica y la calidad educativa para el próximo ciclo lectivo 2026
Las autoridades sindicales han puesto el foco en las consecuencias directas que esta política de austeridad está provocando en el cuerpo académico. Laura Carboni, secretaria general de la AGD UBA, ha sido enfática al señalar que es imposible continuar con salarios que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Según los datos aportados por la dirigente, esta asfixia económica ha derivado en un fenómeno alarmante: la renuncia de más de 10.000 docentes en lo que va del año. Para el gremio, este éxodo representa un daño irreparable para la estructura de la universidad pública, configurando un vaciamiento de los equipos de cátedra que pone en riesgo el funcionamiento de la institución.
En este contexto, el reclamo no se limita únicamente a la recomposición del porcentaje adeudado. Desde los sindicatos exigen también el pago de un bono de fin de año que sea equivalente a un doble aguinaldo, como medida paliativa frente a la pérdida de poder adquisitivo sufrida durante el ciclo lectivo. La postura de los trabajadores de la educación es que el conflicto permanecerá abierto mientras no se regularice la situación y se garantice un piso de dignidad para quienes sostienen la enseñanza superior en el país.
Mirando hacia el futuro, el panorama no parece alentador según la visión de los dirigentes. Carlos De Feo, secretario general de CONADU, advirtió que la situación es sumamente precaria y anticipó un año 2026 de alta conflictividad si no hay un cambio de rumbo. El rechazo al Presupuesto 2026 es categórico, ya que los montos asignados son calificados como una «miseria» por parte de los docentes. De Feo subrayó que, de no ofrecerse una solución concreta, el desfinanciamiento histórico provocará una crisis en la educación superior cuyas consecuencias demorarán muchos años en poder revertirse.
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