La Pampa refuerza su presencia en el Primer Encuentro Federal para unificar criterios sobre Registros de Deudores Alimentarios Morosos en el país
La Pampa participó del Primer Encuentro Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos en la UBA, donde 15 provincias avanzaron en criterios comunes para enfrentar el incumplimiento alimentario. La delegada pampeana destacó la normativa provincial y la necesidad de fortalecer una red federal para combatir esta forma de violencia económica que afecta a millones.
La Pampa destacó su experiencia en el registro de deudores alimentarios y renovó su compromiso para integrar una red federal que permita mejorar la respuesta frente a la violencia económica que afecta a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
En una jornada que reunió a representantes de 15 provincias argentinas, La Pampa participó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) del Primer Encuentro Federal de Autoridades de Registros de Deudores Alimentarios Morosos (RDA), organizado por el Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fue la primera vez que distintas jurisdicciones se congregaron formalmente para avanzar en criterios comunes, compartir experiencias y sentar las bases de una Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios. El objetivo central: enfrentar una de las formas de violencia económica más extendidas y menos visibilizadas del país, el incumplimiento de obligaciones parentales.
La representación pampeana estuvo a cargo de la subdirectora general del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Vanesa Torres Nowak, quien intervino en mesas de trabajo sobre interoperabilidad, medidas proactivas, responsabilidad parental, acceso a la justicia y abordajes integrales frente a la violencia económica.
Durante su exposición, Torres Nowak remarcó que La Pampa cuenta con una legislación sólida, procedimientos ágiles y una articulación institucional consolidada, incluyendo una Oficina de Violencia Doméstica dependiente del Poder Judicial. Esta estructura, subrayó, permite abordar con mayor eficacia situaciones donde la violencia económica se entrelaza con casos de deuda alimentaria.
Datos nacionales y desafíos compartidos
Según UNICEF, en Argentina existen 1.700.000 hogares monoparentales encabezados por mujeres, donde viven más de 6 millones de niñas, niños y adolescentes. Estas familias registran niveles de pobreza infantil 10 puntos superiores a los de hogares liderados por varones.
El panorama se agrava al observar que seis de cada diez hogares que deberían recibir alimentos no los perciben y que siete de cada diez no obtienen la cuota de manera regular. En el 60% de los casos, el incumplimiento no responde a dificultades económicas, sino a conflictos o ausencia de vínculo paterno. Además, más del 60% de quienes afirman pagar “por fuera” no realizan aportes reales.
En el encuentro se destacó que La Pampa es una de las jurisdicciones con mejor aplicación normativa en la materia. Su Registro de Deudores Alimentarios mantiene mecanismos de inscripción ágiles y expedición inmediata de certificados. Aun así, la representación pampeana reafirmó la voluntad provincial de fortalecer la Red Federal, unificar criterios de notificación e inscripción y optimizar la coordinación con organismos gubernamentales. Torres Nowak insistió en que el incumplimiento alimentario no constituye un conflicto privado, sino un asunto público, estructural y federal que demanda cooperación efectiva entre provincias.
Al finalizar la jornada, las autoridades firmaron la Declaración para la creación de la Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, que formaliza el compromiso de trabajo conjunto entre Chubut, Misiones, Córdoba, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Río Negro, Corrientes, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy, Salta y La Pampa.
El encuentro dejó un mensaje claro: el incumplimiento alimentario es violencia económica, su impacto recae de manera desproporcionada sobre mujeres, niñas y niños, y su abordaje requiere decisiones firmes y políticas articuladas. Las provincias inician así un camino institucional destinado a poner en agenda una deuda prolongada y avanzar hacia un Estado que garantice los derechos esenciales de la infancia.
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