YPF: la jueza Preska rechazó la apelación argentina y avaló el traspaso del 51% de las acciones a fondos buitre
Informate en DiarioPampero.com – La jueza Loretta Preska rechazó la apelación de la Argentina y ratificó el traspaso del 51% de las acciones de YPF a fondos buitre. El Gobierno había denunciado violaciones al principio de inmunidad soberana y apuesta ahora a un respaldo político del presidente Donald Trump. La decisión judicial compromete la mayoría accionaria estatal en la principal petrolera del país.
El fallo ratifica que el Estado argentino debe ceder la mayoría accionaria de YPF, pese a las denuncias por violaciones a la inmunidad soberana. La Casa Rosada espera ahora un gesto político del presidente Donald Trump para frenar el impacto económico y legal del fallo.
El fallo de Preska deja a la Argentina al borde de perder el control accionario de YPF
El litigio entre la República Argentina y los fondos de inversión que cuestionaron la expropiación de YPF en 2012 sumó un nuevo capítulo. La jueza Loretta Preska, del segundo distrito sur de Nueva York, desestimó la apelación presentada por el Estado argentino y confirmó la sentencia que ordena el traspaso del 51% de las acciones de la petrolera a los demandantes. La decisión judicial habilita la ejecución inmediata del fallo, lo que representa una pérdida de control mayoritario sobre la compañía de energía más importante del país.
El gobierno nacional había argumentado que la transferencia generaría consecuencias irreversibles, violaría la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y supondría una extralimitación de jurisdicción. A pesar de estos planteos, la jueza ratificó su decisión, sin conceder la suspensión de la ejecución ni permitir que se agoten los recursos judiciales disponibles. De este modo, se abre la posibilidad de una venta inmediata de esos activos por parte de los beneficiarios, lo que dejaría sin efecto cualquier eventual revisión favorable al Estado argentino.
El fallo contempla un valor estimado de hasta 16 mil millones de dólares en acciones, aunque esta cifra es cuestionada por la parte demandada. La compañía emplea actualmente a más de 23 mil trabajadores y su estructura accional se basa en un esquema mixto, con participación estatal y privada. La mayoría accionaria nacional fue establecida mediante una ley aprobada por el Congreso en 2012, por lo que cualquier traspaso debería, en principio, contar con una nueva aprobación parlamentaria.
Efectos judiciales, presión política y estrategia internacional
La sentencia llega en un contexto en el que la administración de Javier Milei había depositado parte de su estrategia en la posibilidad de obtener una suspensión temporal mientras avanzaban nuevas instancias de apelación. Además de considerar el fallo como una violación de los principios del derecho federal estadounidense, el Gobierno había señalado que la ejecución del mismo imposibilitaría cualquier revisión futura y condicionaría gravemente la soberanía económica.
Tras la negativa de Preska, funcionarios argentinos exploran ahora vías diplomáticas para obtener respaldo político. Uno de los movimientos centrales es lograr que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulse una nueva “declaración de interés” a través del Departamento de Justicia, como ocurrió en casos anteriores. La sintonía política entre ambos gobiernos podría ser un factor que incline la balanza, aunque no hay definiciones concretas hasta el momento.
En paralelo, se informó que la jueza convocó a las partes a una audiencia prevista para el martes próximo. En esa reunión, los fondos demandantes solicitarán información sobre otras empresas públicas, lo que podría anticipar la búsqueda de activos embargables. También se abre la posibilidad de un acuerdo extrajudicial, aunque las condiciones planteadas resultan desfavorables para los intereses nacionales.
El caso pone en tensión el principio de inmunidad soberana, al cuestionarse la validez de un tribunal extranjero para resolver sobre actos de un Estado en el ejercicio de su política energética. Para la administración argentina, la decisión judicial representa no solo una afectación patrimonial, sino un precedente riesgoso que podría trasladarse a otras causas en curso.
La causa judicial por la expropiación de YPF fue iniciada por los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio a antiguos accionistas privados de la petrolera. Su estrategia legal se centró en la falta de oferta pública a los socios minoritarios en el proceso de estatización. La justicia estadounidense hizo lugar a sus reclamos y, desde entonces, la Argentina enfrenta una sucesión de fallos adversos.
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