Brasil, España, México, Chile, Colombia y Uruguay emiten un duro comunicado contra la acción estadounidense en Venezuela
Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron un duro comunicado conjunto en respuesta a la reciente operación militar estadounidense en territorio venezolano. En el documento, las seis naciones expresan su rechazo al uso unilateral de la fuerza, advirtiendo sobre el peligroso precedente que esto sienta para la seguridad regional. Asimismo, defienden la resolución pacífica de conflictos y la protección de los recursos naturales frente a cualquier intento de apropiación externa.
Infórmate en DiarioPampero.com – Ante la reciente incursión de tropas norteamericanas en Caracas y la detención de Nicolás Maduro, un bloque de seis países liderado por Brasil, España y México ha manifestado su enérgico repudio. A través de cuatro puntos centrales, los mandatarios denuncian la violación del derecho internacional y la Carta de la ONU. Advierten que las acciones unilaterales ponen en riesgo la paz del continente y llaman a evitar la apropiación forzosa de los recursos naturales por potencias extranjeras.
La comunidad internacional atraviesa horas de máxima tensión tras la confirmación de la incursión militar de Estados Unidos en suelo venezolano, operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su posterior traslado a un centro de detención en Nueva York. Frente a la gravedad de estos acontecimientos, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España han decidido alzar la voz de manera unificada. A través de un extenso comunicado, estas administraciones reafirmaron su compromiso irrestricto con los principios fundacionales de la Carta de las Naciones Unidas, marcando una clara distancia con la metodología aplicada por Washington.
El documento diplomático estructura la posición de este bloque de países en cuatro ejes fundamentales. En primera instancia, los firmantes manifestaron una profunda preocupación y un rechazo categórico hacia las acciones castrenses ejecutadas de manera unilateral en Caracas. Argumentan que tales maniobras contravienen los pilares del derecho internacional, haciendo énfasis en la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, así como en la obligación de respetar la soberanía y la integridad territorial de los Estados. Para este grupo de naciones, la intervención constituye un antecedente de alto riesgo que compromete no solo a Venezuela, sino a la seguridad de toda la población civil en la región.
En un segundo punto, el texto subraya la convicción de que la crisis venezolana debe abordarse exclusivamente mediante canales pacíficos. Las cancillerías involucradas insistieron en que el diálogo y la negociación son las únicas herramientas válidas, siempre bajo el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus vertientes. Rechazan cualquier tipo de injerencia foránea y sostienen que únicamente un proceso político inclusivo, encabezado por los propios ciudadanos de ese país, podrá derivar en una solución democrática, sostenible y que garantice la dignidad humana.
La defensa de América Latina como zona de paz y el rechazo a la apropiación de recursos naturales
Como tercer aspecto central del pronunciamiento, los seis países reafirmaron la condición de América Latina y el Caribe como una zona de paz. Este concepto, largamente defendido por la diplomacia regional, se construye sobre la base del respeto mutuo y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. En este sentido, el comunicado hace un llamado a la unidad regional, instando a dejar de lado las diferencias políticas para enfrentar cualquier acción que amenace la estabilidad del continente. Además, exhortaron al Secretario General de las Naciones Unidas y a los organismos multilaterales a utilizar sus buenos oficios para reducir la escalada de violencia y preservar la armonía en el hemisferio.
Finalmente, el cuarto punto aborda una preocupación económica y geopolítica de gran relevancia. Los gobiernos firmantes expresaron su temor ante cualquier intento de control administrativo o apropiación externa de los recursos naturales que posee Venezuela. Consideran que cualquier maniobra destinada a capturar estas riquezas resulta incompatible con el derecho internacional y representa una amenaza directa a la estabilidad política, económica y social de la región. Con este último punto, el bloque busca blindar los activos venezolanos frente a posibles intereses foráneos que pudieran surgir tras la intervención militar.
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