Jubilados en Córdoba: Llaryora les pagará con bonos por la crisis que afronta la provincia
Ante el déficit previsional agravado por la falta de giros nacionales, el gobierno de Córdoba impulsa una reforma que elimina el fondo compensador del 4% para la mayoría y establece un esquema progresivo. Los haberes más altos, como judiciales y bancarios, afrontarán mayores aportes y recibirán bonos, mientras se busca restituir el 82% móvil a docentes y policías. El oficialismo califica la medida como un acto de justicia redistributiva para evitar el colapso del sistema financiero provincial.
Infórmate en DiarioPampero.com – El gobernador Martín Llaryora avanza con una modificación estructural en la Caja de Jubilaciones de Córdoba ante la suspensión de fondos nacionales. La medida apunta a los sectores de mayores ingresos, como magistrados y empleados de EPEC, quienes deberán realizar mayores aportes o recibirán parte de su haber en títulos. El objetivo declarado es aliviar a la base de la pirámide previsional, compuesta por docentes y policías, garantizando la sostenibilidad del sistema en crisis.
La administración provincial de Córdoba, encabezada por Martín Llaryora, ha decidido implementar cambios profundos en el sistema previsional local ante una situación financiera que describen como crítica. El déficit de la Caja de Jubilaciones, exacerbado por la interrupción de las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), ha llevado al Ejecutivo a diseñar una estrategia que busca proteger a los beneficiarios de menores ingresos trasladando la carga del ajuste a los sectores con haberes más elevados.
El núcleo de la propuesta radica en la eliminación del fondo compensador del 4% que hasta ahora abonaban todos los estatales. En su lugar, se instaura un esquema progresivo: la gran mayoría de los pasivos verá una reducción en el descuento de sus aportes personales, lo que se traducirá en una mejora directa de su haber de bolsillo. Sin embargo, aquellos que se encuentran en la cima de la pirámide de ingresos verán incrementados sus aportes o recibirán parte de su remuneración mediante bonos o títulos de cancelación de deuda, una herramienta financiera que busca mitigar la falta de liquidez.
Facundo Torres, presidente del bloque oficialista en la Legislatura, defendió la iniciativa argumentando que responde a un «estricto sentido de justicia redistributiva». Según las proyecciones del gobierno, esta modificación permitirá que más de la mitad de los jubilados provinciales, pertenecientes a los regímenes generales como docentes, policías y enfermeros, vuelvan a percibir el anhelado 82% móvil. Torres fue contundente al describir el escenario: «La Caja de Jubilaciones está fundida porque la Nación no manda los fondos», ratificando que el reclamo administrativo y judicial contra la Nación continuará su curso.
Un esquema de solidaridad forzosa enfocado en magistrados, bancarios y lucifuercistas
La estrategia política de Llaryora también busca fragmentar el frente sindical que se había unido en reclamo. Al enfocar el esfuerzo en grupos específicos —magistrados, bancarios, empleados de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y municipales de la capital (Suoem)— el gobierno intenta aislar a los sectores con mayor capacidad de presión. El sindicato de municipales ya ha respondido con movilizaciones masivas, reeditando un enfrentamiento que el actual gobernador ya protagonizó durante su gestión como intendente de la ciudad de Córdoba.
El universo de beneficiarios de la Caja alcanza a 116.760 personas, con un haber promedio que ronda los 1,6 millones de pesos. No obstante, la reforma pone la lupa sobre aquellos que superan los 3 millones de pesos mensuales. Para el oficialismo, es insostenible mantener haberes de privilegio en un contexto de emergencia económica sin que estos sectores realicen un aporte solidario mayor.
Miguel Siciliano, ministro del gabinete provincial, expuso la postura gubernamental con crudeza, comparando las realidades dispares de los contribuyentes y los beneficiarios. «Yo me niego a que tengamos jubilados de 4 millones, de 7, de 14 millones. Y que los policías, los enfermeros, los médicos, los docentes tengan las jubilaciones que ganan», afirmó. En esa línea, agregó que resulta inequitativo que trabajadores del sector privado, como taxistas o comerciantes, financien con sus impuestos el déficit generado por las jubilaciones de privilegio del sector público.
Desde el Centro Cívico aseguran que se encuentran cerca del «precipicio» financiero y que la única salida viable, sin el auxilio nacional, es este reordenamiento interno. La medida, que combina alivio para la base y mayor presión fiscal para la cúspide, promete ser uno de los focos de tensión política y social más intensos de la provincia en el corto plazo.
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