Bolivia en crisis: manifestantes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio de enfrentamientos en La Paz
Las calles de La Paz son escenario de intensas protestas que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz, quien asumió hace apenas seis meses. La crisis se agudiza ante el desabastecimiento provocado por múltiples cortes de ruta y la intervención policial con gases lacrimógenos en el centro político del país. Mientras el gobierno denuncia a grupos radicales armados que promueven una guerra civil, la Justicia ordenó la captura de los principales líderes sindicales que impulsan las marchas.
Infórmate en DiarioPampero.com – La tensión social escala en Bolivia tras dos semanas de bloqueos que paralizan a La Paz y El Alto, generando un severo faltante de insumos básicos. Las movilizaciones, lideradas por la Central Obrera Boliviana y sectores afines al exmandatario Evo Morales, buscan la dimisión del presidente Rodrigo Paz. En respuesta a los intentos de tomar la Plaza Murillo, las fuerzas de seguridad repelieron a los activistas, mientras el Ejecutivo alerta sobre grupos armados.
Bolivia enfrenta horas de extrema delicadeza institucional y social. El centro de La Paz se convirtió en el principal foco de un conflicto que lleva más de quince días gestándose, caracterizado por cortes de tránsito intermitentes y piquetes en las principales vías de acceso. Durante la jornada del lunes, las fuerzas policiales debieron intervenir con agentes químicos para dispersar a grandes columnas de manifestantes que pretendían avanzar hacia el perímetro de la Plaza Murillo, zona donde se asienta el Palacio Quemado, dejando al menos un manifestante herido. La exigencia central de los sectores movilizados es la renuncia del mandatario Rodrigo Paz, quien asumió la conducción del país a principios de noviembre tras dos décadas de predominio del Movimiento Al Socialismo.
El malestar comenzó inicialmente como un reclamo sindical. Diferentes organizaciones obreras, vecinales e indígenas plantearon un incremento salarial del veinte por ciento. Ante la falta de acuerdos, la protesta mutó hacia demandas netamente políticas. La instalación de unos quince puntos de bloqueo en la periferia de la capital administrativa y en la vecina ciudad de El Alto ha desencadenado una compleja crisis logística. Los habitantes padecen la escasez de combustibles, alimentos de primera necesidad y medicamentos. Frente a esta parálisis, las autoridades nacionales propusieron una mesa de diálogo durante el último fin de semana, iniciativa que fue categóricamente rechazada por la dirigencia social.
El escenario se torna más complejo ante la aparición de facciones radicales y la persecución judicial contra los referentes sindicales, en un contexto donde el gobierno advierte sobre el peligro inminente de un conflicto armado. Mientras tanto, el exmandatario Evo Morales sigue operando desde su refugio en el bastión del Chapare para mantener vivas las exigencias de sus bases movilizadas allí.
La dimensión judicial avanza en paralelo a los choques en las calles. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, formalizó una orden de aprehensión contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y rostro visible de la protesta. La resolución se fundamenta en informes de inteligencia y denuncias impulsadas directamente por el Ministerio de Gobierno, buscando desarticular la conducción de la huelga. Al mismo tiempo, la figura del expresidente Morales sobrevuela cada movimiento; actualmente, el líder cocalero se mantiene en el Chapare intentando eludir a la Justicia, que lo investiga en una causa por corrupción de menores.
Desde la vocería presidencial, a cargo de José Luis Gálvez, se emitió una severa advertencia sobre la escalada de violencia. El funcionario exhibió material audiovisual donde supuestos integrantes de la facción aimara conocida como Ponchos Rojos, bajo el liderazgo del exfuncionario Bernabé G.P., muestran armamento antiguo y claman por el inicio de una guerra civil. Según Gálvez, las directivas internas de este sector apuntan a unirse a los manifestantes portando todas las armas a su alcance. Ante este panorama, el gobierno ha ordenado un fuerte dispositivo militar y policial para custodiar las inmediaciones del Palacio de Gobierno, luego de que un intento de despeje de las rutas fuera abortado para no potenciar la confrontación directa.
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