Diputados rechaza debatir la expulsión de los libertarios que visitaron a genocidas: dos pampeanos bajo la lupa
En medio de un creciente escándalo por la visita de seis diputados de La Libertad Avanza a condenados por crímenes de lesa humanidad, la Cámara de Diputados desestimó tratar la expulsión de los legisladores implicados. La polémica decisión contó con el voto decisivo de dos legisladores pampeanos.
La Cámara de Diputados rechazó este miércoles una moción que buscaba apartarse del reglamento para discutir la expulsión de seis diputados de La Libertad Avanza, quienes visitaron a genocidas como Alfredo Astiz en la cárcel de Ezeiza. La propuesta, presentada por la diputada Gisela Marziotta (Unión por la Patria), quedó desestimada con 121 votos en contra, 102 a favor y cinco abstenciones.
El rechazo de la moción fue posible gracias a la alineación de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, y varios diputados de la UCR, quienes votaron en contra de abrir el debate sobre la expulsión. La actitud de los legisladores generó indignación entre quienes consideran la visita como una afrenta a la memoria y los valores democráticos.
El rol de los diputados pampeanos en la votación
En cuanto a los legisladores de La Pampa, la votación mostró una clara división. Los peronistas Varinia Marín y Ariel Rauschenberger, junto con la radical Marcela Coli, votaron a favor de abrir la discusión sobre la posible expulsión de los diputados libertarios. Por su parte, los macristas Martín Ardohain y Martín Maquieyra optaron por votar en contra, alineándose con el bloque de La Libertad Avanza y el PRO.
La propuesta de Marziotta buscaba avanzar con la sanción más severa, argumentando que la visita de los diputados libertarios fue realizada en su calidad de representantes del Poder Legislativo. «Cuando uno es diputado, es diputado las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año y los cuatro años que dura el mandato», señaló Marziotta, subrayando que la acción de los legisladores implicados atenta contra los principios democráticos que sostienen al Estado.
A pesar de la negativa a debatir la expulsión, la controversia está lejos de resolverse, con un sector del Congreso y la sociedad exigiendo respuestas y sanciones más contundentes para quienes, desde su rol institucional, se acercaron a figuras condenadas por uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina.
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