La jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan, Loretta Preska, falló contra el Estado nacional en el juicio que se tramita en los Estados Unidos por la reestatización de YPF y ordenó pagar una indemnización que podría llegar hasta casi los u$s20.000 millones.
El curioso fallo exime de responsabilidad a la Empresa YPF y carga la responsabilidad en el Estado Nacional sobre la expropiación realizada durante el gobierno de la ex presidente Cristina Fernández.
En síntesis, aún quedan dos instancias de apelación de este fallo internacional. El Juicio se realiza en EEUU porque esto fue parte de lo establecido durante la privatización de la empresa de bandera.
Para tomar esta decisión, después de 11 años, la jueza en cuestión se basa en lo que establece el estatuto de la empresa en aquel momento; desestimando al mismo tiempo las maniobras de enriquecimiento y perjuicio al Estado que llevaron a la cuestionada expropiación.
Al parecer, el “estatuto empresarial”, definido en el mismo período de Gobierno de Carlos Menen, establecía que habría que haber llamando a una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Y la sola presencia de este artículo en el estatuto, es valorado por la jueza por encima de cualquiera otro argumento que dio validez a la facultad del Ejecutivo tiene – de forma constitucional – de expropiar bienes cuando los intereses en juego se relacionan con el perjuicio que pudiera existir hacia el Estado Nacional.
Los ganadores del juicio son los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron el derecho a litigar contra YPF y la Argentina a un grupo de antiguos accionistas de la petrolera al momento de la estatización.
Con respecto a lo que deberá pagar Argentina, el costo total de la demanda en perjuicio de Argentina podrá superar los 20 mil millones de dólares.
Se descarta que Argentina a través de la procuración del Tesoro se reservará el derecho de apelar ante la Cámara de Nueva York o, incluso, llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ninguna de estas instancias le garantizan al país triunfar en la causa; pero le darán un tiempo imprescindible para rearmar la estrategia judicial y quizá hasta dos años hasta llegar a diagramar un cronograma de pagos. El monto final, por ahora, es una incógnita.
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