Caso YPF: la jueza Preska convoca a una reunión urgente por el rol del Estado en el control de la empresa
Informate en DiarioPampero.com – La jueza Loretta Preska convocó a una reunión urgente con Argentina y los fondos demandantes del caso YPF para definir si el Estado actuó como «alter ego» de la empresa nacionalizada. Esta figura jurídica es clave para confirmar o rechazar la sentencia que obliga al país a pagar USD 16.100 millones. La disputa por la entrega de documentación podría acelerar el proceso de ejecución del fallo.
La magistrada estadounidense citó a las partes para resolver la disputa sobre el acceso a información clave que podría ratificar si el Estado argentino controló indebidamente YPF. La definición tendrá impacto directo sobre el pago de USD 16.100 millones exigido por los demandantes.
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska convocó este jueves a una audiencia de carácter urgente en el marco del juicio por la expropiación de YPF. El objetivo de la reunión es destrabar el conflicto entre la República Argentina y los fondos demandantes respecto a la entrega de documentación vinculada con la figura jurídica de «alter ego», que plantea si el Estado argentino y la empresa nacionalizada actuaron como una misma entidad en el proceso de expropiación.
Este concepto, central en la estrategia de los fondos litigantes, busca demostrar que YPF no operaba como una sociedad independiente, sino que estaba subordinada directamente a las decisiones del Estado. De ser aceptada esta premisa por el tribunal, la consecuencia sería el respaldo del fallo que obliga al país a pagar USD 16.100 millones, al considerar que el Estado debe responder directamente como si fuera parte operativa de la compañía.
La convocatoria a esta audiencia refleja la creciente presión judicial por avanzar en la fase de cumplimiento de sentencia. Preska ya había fallado a favor de los demandantes en septiembre de 2023, pero el proceso de ejecución se encuentra trabado por desacuerdos sobre la entrega de pruebas. Mientras los fondos reclaman información adicional sobre el manejo estatal de YPF y otras entidades públicas relacionadas, Argentina objeta esos pedidos por considerarlos excesivos o confidenciales.
Una disputa jurídica con consecuencias económicas millonarias
La causa se originó tras la decisión del Estado argentino de expropiar en 2012 el 51% de las acciones de YPF en manos de la española Repsol, sin respetar —según alegan los demandantes— el mecanismo previsto en el estatuto de la empresa para una compra de control. La demanda fue presentada por el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos litigiosos de Petersen Energía y Eton Park, ex accionistas minoritarios de YPF.
El fallo inicial de Preska consideró que la Argentina no había seguido los procedimientos legales adecuados y la condenó a pagar USD 16.100 millones. Sin embargo, los términos del fallo todavía están bajo revisión, tanto en cortes estadounidenses como en el plano político y diplomático. La estrategia del Gobierno argentino, en tanto, gira en torno a desacreditar la figura del “alter ego” y evitar que se consolide una jurisprudencia que obligue al país a responder con activos soberanos por decisiones empresariales.
La jueza también busca que las partes definan el nivel de cooperación en la entrega de documentos, incluyendo correspondencia interna y reportes financieros que permitan establecer el grado de autonomía de YPF respecto al Poder Ejecutivo. La resistencia argentina a entregar cierta información podría derivar en sanciones procesales o en un fallo más severo si Preska considera que hay falta de colaboración.
Esta audiencia urgente no sólo puede ser decisiva en la disputa judicial, sino también en el frente económico y político. Un desenlace adverso para Argentina fortalecería los argumentos de los acreedores para avanzar con embargos en distintas jurisdicciones, lo que complicaría aún más la posición financiera del país en medio de un contexto económico ya tensionado.
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