El juicio por la represión en Río Cuarto tendrá a 20 imputados por crímenes de lesa humanidad
El Tribunal Oral Federal de Córdoba inicia este martes el juicio por la denominada Causa Gutiérrez-Di Santo, que reúne cinco expedientes por secuestros, torturas y desapariciones ocurridos en ex centros clandestinos del sur provincial. Hay 20 imputados y 78 víctimas.
Infórmate en DiarioPampero.com – El proceso llega tras doce años de instrucción y décadas de reclamos de organismos de derechos humanos de Río Cuarto.
Este martes 20 de octubre, desde las 9, comenzará en la ciudad de Córdoba el juicio por la represión en Río Cuarto y otras localidades del sur provincial. El proceso oral y público se desarrollará en la sala mayor de los tribunales federales.
La denominada Causa Gutiérrez, rebautizada Gutiérrez-Di Santo, acumula cinco investigaciones por delitos cometidos en ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. El expediente tiene 20 imputados, entre ex militares, penitenciarios, agentes de inteligencia y policías.
Según la información difundida por organismos de derechos humanos, el juicio abordará delitos en perjuicio de 78 víctimas, entre ellas más de 60 sobrevivientes. Se investigan privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, abusos sexuales y tormentos seguidos de muerte.
Una investigación de doce años
La causa comenzó de oficio en 2014 y recuperó documentación, testimonios y líneas de investigación reunidas durante décadas por el movimiento de derechos humanos de Río Cuarto. El proceso también incorporó información surgida de otros juicios por delitos de lesa humanidad.
La búsqueda de verdad y justicia en la zona había comenzado mucho antes. En 1984, la madre de Plaza de Mayo Susana Dillon presentó, junto con el Foro por los Derechos Humanos de Río Cuarto y otros organismos, el primer listado de personas desaparecidas vinculadas con la región.
Durante la década de 1990, los organismos sostuvieron sus reclamos pese a la falta de avances judiciales. Luego, a partir de 2003, las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia acompañaron nuevas iniciativas institucionales y la continuidad de la movilización.
Entre los antecedentes locales se encuentran la creación de la Comisión Municipal de la Memoria en 2008 y la posterior conformación de la Mesa de Juicio y Castigo. En 2025, además, se concretó la recuperación del ex centro clandestino Buen Pastor.
La Municipalidad de Río Cuarto, el sobreviviente Juan Muzzolón y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Río Cuarto fueron admitidos como querellantes. También participará la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La APDH local afirmó que, después de medio siglo, un grupo de represores vinculados con el aparato represivo de Río Cuarto será llevado por primera vez a juicio oral. El organismo también advirtió sobre la demora de las causas y sus efectos en la posibilidad de juzgar a todos los responsables.
Entre los imputados mencionados se encuentran Ernesto Barreiro, Carlos Díaz, Enrique Monez Ruiz, Carlos Yanicelli, Juan Molina, Ricardo Lardone, José Yañez, Adolfo Etchehun, Carlos Quevedo, Daniel Di Santo, Juan Carlos Nieto, Roberto González Fossat, Rubén Principi, Miguel Salinas, Ramón Navarro, Arnoldo López, Carlos Pérez, Miguel Pérez y Carlos Regueira.
De acuerdo con la información difundida, seis de los acusados son ex policías provinciales y federales que serán juzgados por primera vez. Permanecen en libertad, una situación que generó preocupación entre algunos sobrevivientes que participan como querellantes.
El proceso incluye los casos de Gabriel Braunstein Maiden, Ernesto Silber y Elsa Gladys Comba, entre otras personas secuestradas, torturadas o desaparecidas. También se analizarán ataques contra familias enteras y hechos vinculados con integrantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Uno de los casos incorporados es el de Alberto Pinto, profesor de la UNRC, quien murió en la cárcel de La Plata luego de sufrir torturas tras su detención en la Unidad Regional 9 de la Policía de Río Cuarto, la cárcel local, la UP1 y la UP9 de La Plata. Según la acusación, no recibió atención médica pese a padecer epilepsia.
El tribunal estará integrado por Carolina Prado, en la presidencia, y por María Noel Costa y Julián Falcucci. La APDH señaló que la mayoría de los hechos tiene como víctimas a personas de Río Cuarto y vinculadas con actividades de la UNRC.
Desde la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba convocaron a participar de la primera jornada en la sala principal de los tribunales. El organismo sostuvo que la presencia pública busca acompañar a los sobrevivientes y respaldar el proceso judicial.
Las audiencias contarán con transmisión en vivo a través de La Retaguardia, medio especializado en la cobertura de juicios por delitos de lesa humanidad. De este modo, el desarrollo del debate podrá seguirse también fuera de la sala de los tribunales federales.
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